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Chile es pionero en el desarrollo de la sostenibilidad tributaria 4r6l52 ¿cómo deben adaptarse las empresas?

Tue, 22 Apr 2025 16:19:06 +0000

Chile es pionero en el desarrollo de la sostenibilidad tributaria, ¿cómo deben adaptarse las empresas?

El país se convierte en pionero en la región en impulsar la adopción de buenas prácticas en materia de impuestos.

Ingrid Rojas Tue, 22/04/2025 - 12:19

En octubre de 2024, Chile se convirtió en el primer país de América Latina en incorporar a su legislación el concepto de sostenibilidad tributaria. Con la Ley 21.713 o Ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias, se reformó el Código Tributario para incorporar el artículo 8°, número 18, que define la sostenibilidad tributaria como el conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y la transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Desde entonces, la autoridad tributaria chilena —el Servicio de Impuestos Internos (SII)— ha dado pasos para implementar este cambio, con el objetivo de reducir la evasión y elusión fiscales, y se espera que emita una resolución con la que indique los requisitos y la forma en que se va a dar el proceso de certificación de empresas sostenibles (tributariamente), en función de ciertos indicadores.

Desde antes de aprobarse esta reforma, el organismo, a través de un convenio de colaboración, trabajó con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el diseño de un modelo de análisis que considerara indicadores de sostenibilidad tributaria. Su resultado fue el Formulario de Responsabilidad Social Tributaria (Formulario de RST), que está diseñado a partir de la experiencia de los denominados Grupos Empresariales (GE). Este se encuentra disponible desde mediados de mayo de 2024.

Te sugerimos leer: Ley 21.713: La estrategia de Chile para ampliar la cantidad de contribuyentes con su nueva Ley de cumplimiento tributario

El trabajo de la istración chilena, como pionera en la región en materia de sostenibilidad tributaria, demuestra la importancia del tema, no solo para el servicio de Impuestos Internos, sino también para las empresas que hacen vida en el país.

“Hoy, la sostenibilidad tributaria es importante y no solo se trata de cuánto pagan las empresas, sino de cómo tributan y, por lo tanto, cómo este acto de pago de impuestos se traduce en valor sostenible. Con esto, se ve más el rol social que tienen las organizaciones y no solo la maximización de utilidades o el reporte de beneficios a sus accionistas, como era antes. Es importante el papel que juegan las empresas en nuestra sociedad”, comenta Andrea Bobadilla, directora de Grupo Tax de Albagli Zaliasnik (AZ).

No pierdas de vista: Leyes de delitos económicos, Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

Antecedentes

A pesar de que el concepto es nuevo en la legislación chilena, la sostenibilidad tributaria no resulta ajena para las empresas del país, sobre todo para aquellas cuyas acciones son parte del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) de la Bolsa de Comercio de Santiago, el principal índice bursátil de Chile, pues, desde hace un tiempo, elaboran sus reportes tomando como referencia ciertos estándares internacionales.

Una investigación sobre transparencia fiscal en países de América Latina, hecha por un grupo de académicos encabezados por Antonio Faúndez, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, publicada el año pasado, revela que desde hace un tiempo las empresas que cotizan en el mercado, han estado implementando buenas prácticas fiscales para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en gran medida guiándose por estándares como el Dow Jones Sustainability Index, de 1999, y Global Reporting Initiative, de 2021, por mencionar algunos.

La investigación, además, reveló cómo creció, entre 2020 y 2022, la cantidad de empresas IPSA que divulgaban sus estrategias tributarias, desde 28 % hasta 75 %.

La abogada de AZ hace referencia a la normativa GRI 207, que es usada por empresas en Chile para hacer sus declaraciones; se incluyen aspectos como la existencia de una estrategia fiscal, la gestión de riesgos y la contribución tributaria total por país, entre otras.

Interés creciente

Aún con la experiencia que han desarrollado algunas empresas en la adopción de buenas prácticas tributarias, ha crecido la cantidad de consultas que recibe la firma sobre esta materia, especialmente de grandes empresas, incluyendo a aquellas que tienen presencia global, menciona Bobadilla.

De acuerdo con la abogada esta nueva normativa es una invitación para todos los contribuyentes, incluyendo medianas y pequeñas empresas, pues, aunque se está a la espera de una resolución precisa de cómo actuar, ya hay implementaciones que las empresas deben atender, como contar con una matriz de riesgo tributaria, en la que definan los riesgos, las contingencias y el cumplimiento de sus obligaciones para que, con base en un orden interno, puedan ir de la mano de la autoridad tributaria en esta materia.

La implementación de la reforma será un desafío tanto para la autoridad tributaria internamente, para sus equipos de fiscalizadores, como para las empresas, que este proceso resulte.

“Aunque hoy es una herramienta, que se implemente de buena forma y que en el fondo tenga los beneficios esperados para ambas partes, va a ser una cuestión de tiempo, de poder medir”.

Echa un vistazo: Inversión sostenible: Las oportunidades de financiamiento en Chile, Argentina y Colombia

Certificación

De acuerdo con lo establecido en la legislación chilena, para que una empresa sea sostenible tributariamente debe certificarse cada año, a través de compañías certificadoras independientes, cuyos nombres serán publicados próximamente en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.

A través de este proceso las empresas podrán acreditar que sus operaciones y estrategias fiscales están alineadas con la sostenibilidad tributaria.

Además, se plantea otro mecanismo de certificación, como la suscripción de acuerdos de cooperación entre el SII y dos o más sociedades de un mismo grupo empresarial, una disposición plasmada en la Circular N° 06, publicada por el organismo en enero de este año y en la que se hace referencia a grupos empresariales y al procedimiento de fiscalización unificado. La abogada resalta que los citados acuerdos de cooperación tendrán el mismo efecto que la certificación anual.

La certificación es un proceso voluntario. De hecho, Bobadilla explica que para las empresas que no se certifiquen no se contemplan sanciones. Sin embargo, advierte que hay que tener en consideración que, a raíz de la Ley N° 21.713, que configura la más reciente reforma tributaria de Chile, se fortalecen las facultades del Servicio de Impuestos Internos, incluyendo las de fiscalización, por lo que hoy es clave la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones.

“Entonces, si bien no viene una sanción, en el fondo si un contribuyente no se sube al tren de la sostenibilidad tributaria, pudiera ser más fiscalizado por el Servicio Impuestos Internos o que no tenga beneficios concretos de empresas que sí se certifiquen en sostenibilidad tributaria, como menores fiscalizaciones, una comunicación más fluida y, en definitiva, confianza entre el Estado y los contribuyentes”.

Más temas de Chile: Los nuevos métodos de recaudación: ¿Qué temas impulsan las autoridades fiscales de Brasil, Chile y México?

Activo estratégico

A criterio de Bobadilla, el tema de los impuestos pasa desde un área contable y tributaria a ser considerado un activo estratégico a nivel de gobernanza.

Se trata de un asunto que estará sobre la mesa, especialmente porque hasta el 30 de junio de este año está previsto que más de 22.000 grandes empresas o grandes contribuyentes respondan la Declaración Jurada 1913, sobre caracterización tributaria global, que contiene preguntas relacionadas con la sostenibilidad tributaria, incluyendo la implementación de algún estándar de buenas prácticas tributarias, los responsables encargados de asegurar dichas prácticas, la conformación del gobierno corporativo y el marco de control fiscal junto con la matriz de riesgos tributarios dentro del grupo empresarial, en caso de estar implementando la gobernanza fiscal, como refiere el SII.

“Estos temas van a ser bastante estratégicos dentro de las empresas, porque no solo, uno de los beneficios es con la autoridad tributaria, es decir, cómo en base a la transparencia y la colaboración, la empresa va a poder tener menos fiscalizaciones, una comunicación fluida, va a poder tener apoyo técnico de la autoridad tributaria o un canal más fluido de comunicación, pero esa es una dimensión”.

Refiere que la otra dimensión es posicionamiento y reputación, que —asegura— son hoy valores súper estratégicos, importantes dentro de las compañías, incluso se traducen en mejores condiciones en el mercado.

Para la directora del Grupo Tax de AZ, el efecto de esto es quizás como un activo intangible en beneficios, por ejemplo, cómo otros grupos de interés, inversionistas e instituciones bancarias, entre otros, ven en el mercado a las empresas sostenibles tributariamente.

ESG, uso de información y sostenibilidad tributaria

Bobadilla no cree que el hecho de que en algunos países se esté desconociendo la adopción de criterios ESG pueda afectar el avance de Chile en materia de sostenibilidad tributaria.

“Los criterios ESG son una dimensión, pero lo que lo que tiene la norma es que una empresa no puede ser sostenible si su dimensión fiscal, su comportamiento tributario, no es transparente, no es sostenible. Entonces, es como agregar un ingrediente más a todos los indicadores de sostenibilidad. Pero, en el fondo, no tienen relación entre sí".

Respecto a la certificación, han surgido dudas sobre el uso de la información que será entregada por los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos, especialmente de que sea utilizada para fiscalizaciones y otro tipo de procesos, incluso por parte de otros organismos del Estado chileno.

La abogada de AZ descarta esta posibilidad al señalar que la idea es que en la relación entre las empresas y la autoridad tributaria predomine la buena fe y transparencia y cooperación, de manera que pueda fluir la información de estas que es contable y tributaria.

“Lo que se espera es que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos, en cumplimiento de estos acuerdos, utilice bien la información y no haga mal uso de ella, ni la filtre, transfiera o traspase a otra entidad. Sin duda, en este marco de colaboración se espera que el servicio también cumpla su compromiso, que actúe de manera colaborativa”.

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Entra en vigencia la reforma energética en México 2z2t1f ¿qué preocupa a los inversionistas y con qué opciones legales cuentan?

Wed, 16 Apr 2025 22:44:37 +0000

Entra en vigencia la reforma energética en México, ¿qué preocupa a los inversionistas y con qué opciones legales cuentan?

Aunque especialistas del sector legal advierten que, en particular, la Ley del Sector Eléctrico reduce el mercado, modifica las condiciones de inversión y genera ajustes en la competencia en contravención del T-MEC.

Ingrid Rojas Wed, 16/04/2025 - 18:44

La reforma energética, que acaba de concretarse en México, abre un nuevo capítulo para la industria, esto sucede más de una década después del plan impulsado en 2013 por Enrique Peña Nieto, con el que se abrió más espacio a la participación privada. Con esta reforma constitucional, según especialistas, se reduce el mercado justamente para el sector privado, se modifican las condiciones de inversión y se generan ajustes en la competencia en contravención del T-MEC.

Este 19 de marzo entraron en vigencia las normas Ley del Sector Eléctrico; Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; Ley de Planeación y Transición Energética; Ley de la Comisión Nacional de Energía; Ley de Geotermia, Ley de Biocombustibles; Ley del Sector Hidrocarburos y Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, luego de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Los reglamentos del cuerpo de leyes deberán estar listos en 180 días.

Además de las leyes mencionadas, fueron reformadas la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley Orgánica de la istración Pública Federal.

El paquete de leyes secundarias de la reforma constitucional fue presentado en enero pasado ante el Congreso de la Unión por la actual istración, a cargo de la presidenta Claudia Scheinbaum.

No dejes de leer: Seguridad jurídica en México: El rol del arbitraje comercial ante las reformas

Redefinición de roles en el sector eléctrico

Roberto Ríos Artigas, socio de la práctica de desarrollo y financiamiento de proyectos en energía e infraestructura en DLA Piper - México, sobre el contenido de la Ley del Sector Eléctrico, refiere que, si bien abrogó la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 y, en consecuencia, modificó en cierta medida el marco regulatorio del mercado eléctrico en México, no dista en demasía de la regulación eléctrica establecida desde hace 11 años.

La norma redefine el rol del Estado y del sector privado en el mercado eléctrico. Por un lado, fortalece el control estatal sobre la planeación, transmisión y distribución de electricidad, tomando en cuenta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retendrá al menos el 54 % de la energía inyectada a la red y la Secretaría de Energía (Sener) asumirá funciones regulatorias mediante la Comisión Nacional de Energía (CNE), que sustituirá a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Por el otro, permite al sector privado participar en generación, incluso mediante fuentes renovables, bajo esquemas como la generación para el mercado eléctrico mayorista, el autoconsumo, generación distribuida y a través de los “Esquemas para el Desarrollo de Mexico”; es decir, en proyectos de largo plazo, y proyectos de inversión mixta, estos últimos en los que CFE tendrá al menos el 54% de participación.

De allí que Ríos considera que la centralización de funciones en Sener y la participación necesaria de CFE en el 54 % de la generación de electricidad, puede implicar una reducción del espacio de mercado para los privados, modificar las condiciones de inversión y generar ajustes en la competencia del sector.

Otro aspecto a considerar es que, aunque los proyectos en marcha conservan sus permisos y contratos, pues la Ley del Sector Eléctrico respeta los títulos otorgados bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Industria Eléctrica, la asignación de nuevos permisos está sujeta al Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, lo que —advierte— introduce incertidumbre sobre la planificación y el crecimiento del mercado.

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Un concepto clave en la nueva Ley del Sector Eléctrico es prevalencia, que se introduce en el artículo 3, fracción XXXVII y se define como la preferencia del Estado respecto a los particulares en las actividades de generación y comercialización, ya que es la responsable de garantizar la confiabilidad, la seguridad, la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

Otro aspecto a destacar es que el despacho eléctrico se ajusta para garantizar el cumplimiento de la cuota de CFE, lo que, para el socio de DLA Piper - México, podría modificar las condiciones de operación para generadores privados.

Como último aspecto, menciona que la ley incorpora el concepto de justicia energética con el objetivo de ampliar el a la electricidad y fortalecer el desarrollo regional.

“En general, los inversionistas buscan claridad suficiente respecto de la regulación que dé certidumbre a su inversión. La prevalencia del Estado en el sector eléctrico cambia las condiciones de competencia para el sector privado”, expresa Ríos al agregar que el hecho de que la CFE tenga un rol predominante en la generación y comercialización, puede limitar hasta cierto punto el de inversionistas a nuevos contratos y reducir la competencia en el despacho de electricidad.

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Espacios y temores

El socio de DLA Piper - México comenta que al sector privado le preocupa que, al margen de la Ley del Sector Eléctrico, pudieran existir modificaciones adicionales a la legislación terciaria y al resto de la normativa del sector eléctrico que pudieran alterar el modelo de negocios con el que operan actualmente los proyectos, por lo que piensa que habrá que esperar a que se emita dicha legislación y normativa.

Otro aspecto que menciona es el relativo a que se mantengan espacios de participación privada en generación para el mercado mayorista, autoconsumo, y generación distribuida y que los proyectos de largo plazo e inversión mixta permitan a los inversionistas desarrollar proyectos en asociación con CFE. Respecto a esto último, piensa que la participación de CFE en este tipo de proyectos pudiera también tener las ventajas inherentes a invertir con un miembro clave del sector y pueden ser interesantes para los inversionistas al dotar de certidumbre regulatoria.

Respecto al esquema de autoconsumo, cree que el sector industrial pudiera verse favorecido por su implementación. Dicho esquema permite la producción de centrales eléctricaa con capacidad igual o mayor a 0.7 MW destinada a satisfacer las necesidades propias en sitio del titular del permiso. Estos proyectos con capacidad menor a 20 MW se benefician de un trámite simplificado para la obtención del permiso correspondiente, añade.

En cuanto a generación distribuida, resalta que la ampliación de la generación exenta de 0.5 MW a 0.7 MW, pudiera hacer más atractivos dichos proyectos.

"La necesidad de infraestructura de almacenamiento representa oportunidades para atraer capital en dicho campo en particular, siempre que la regulación secundaria brinde certeza. La planificación centralizada buscará facilitar la canalización de recursos, pero su éxito dependerá de mecanismos claros y previsibles que incentiven la participación del sector privado”.

Otra área de oportunidad estaría en el impulso a energías limpias y almacenamiento, siempre que la regulación terciaria brinde certeza sobre el al mercado y la estabilidad en los contratos.

Además, señala que la planificación centralizada podría generar proyectos estratégicos en los que el sector privado juegue un papel clave, especialmente en infraestructura crítica y expansión del sistema eléctrico.

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Energías renovables y transición energética

Ríos resalta que la Ley del Sector Eléctrico mantiene el impulso a las energías renovables y la transición energética y conserva los Certificados de Energías Limpias (CEL), lo que permite incentivar la generación a partir de fuentes renovables.

Sin embargo, señala que la preponderancia de CFE puede limitar la participación de privados en generación renovable, ya que las centrales de la estatal de electricidad podrían tener prioridad en la inyección de energía al sistema; por ejemplo, para alcanzar el 54 % de la energía inyectada a la red.

“El éxito de la transición energética dependerá de la estabilidad regulatoria y la claridad en los criterios de asignación de permisos, así como de los mecanismos que garanticen un equitativo al mercado para proyectos renovables privados”.

En ello es clave el mencionado Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico que la nueva Ley deja en manos de la SENER y que definirá los lineamientos para la expansión del sistema eléctrico y la emisión de permisos. Dicho organismo será el que autorice la ampliación o modernización de redes de transmisión y distribución, de acuerdo con el socio de DLA.

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En 2026, se someterá a revisión el tratado comercial suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá, suscrito en 2018 y vigente desde 2020.

Desde antes de ser aprobada, se ha venido advirtiendo que la reforma energética, que da preponderancia a las empresas estatales respecto a las privadas, infringe el T-MEC. Guillermo Parra, miembro del equipo de energía y arbitraje en DLA Piper - México, menciona los capítulos del acuerdo tripartito potencialmente en conflicto con la nueva regulación energética de México:

Capítulo 2 (Trato nacional y a mercados): El T-MEC obliga a dar a los bienes importados un trato no menos favorable que a los bienes nacionales similares. Estados Unidos ha señalado que las políticas energéticas mexicanas establecen condiciones menos favorables para energéticos de origen estadounidense respecto a los mexicanos. Un ejemplo es la prórroga exclusiva a Pemex de cinco años para cumplir estándares de contenido de azufre en diésel, lo que discrimina a otros proveedores de combustible que deben cumplir normas más estrictas. Esto podría violar el principio de trato nacional en el comercio de bienes del T-MEC.
Capítulo 14 (Inversión): Contiene protecciones para inversionistas extranjeros, incluyendo trato nacional y trato de nación más favorecida (Arts. 14.4 y 14.5) y la obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones, sin discriminación ni medidas arbitrarias (Art. 14.6). La priorización de la CFE sobre generadores privados podría violar el trato no discriminatorio comprometido en este capítulo, analizando cada caso en concreto. Asimismo, si las nuevas políticas afectan gravemente el valor de las inversiones (por ejemplo, reduciendo drásticamente sus ingresos o impidiendo su operación), los inversionistas podrían alegar una expropiación indirecta no compensada, prohibida por el T-MEC.
Capítulo 22 (Empresas propiedad del Estado y monopolios designados): Establece que las empresas estatales deben operar de manera comercial, transparente y sin discriminar a competidores privados. En particular, el Artículo 22.4.2 exige que los reguladores actúen imparcialmente frente a estas empresas. Medidas como eliminar la autonomía de reguladores (p. ej. la Comisión Reguladora de Energía (CRE) / Comisión Nacional de Energía (CNE) u otorgar ventajas exclusivas a CFE podrían infringir la imparcialidad y equidad que el capítulo 22 requiere. Favorecer a CFE en el despacho eléctrico va en contra del “piso parejo” que el T-MEC exige para empresas estatales vs. privadas.
Capítulo 24 (Medio ambiente): El T-MEC obliga a cada país a no debilitar la aplicación de sus leyes ambientales para fomentar el comercio o la inversión. Las políticas que relajan estándares ambientales o que desincentivan energías limpias podrían interpretarse como un retroceso en el nivel de protección ambiental. Si bien la disputa energética se ha planteado principalmente por violaciones comerciales, EE. UU. destacó que las medidas impugnadas “socavan objetivos climáticos” acordados. Esto sugiere un posible conflicto con los compromisos ambientales del tratado, aun si estos normalmente se resuelven en foros de cooperación ambiental más que en arbitrajes inversionista-Estado.

Tema relacionado: México: ¿Cómo impacta la Estrategia Nacional de Energía Eléctrica en la inversión privada?

Parra menciona como alegaciones posibles por parte de inversionistas extranjeros a la hora de presentar reclamos:

Discriminación y violación de trato nacional/MFN (most favored nation): Un inversionista podría argumentar que México otorgó un trato menos favorable a su inversión en comparación con inversionistas nacionales o de otros países, en posible violación de las cláusulas de Trato Nacional y Nación Más Favorecida (MFN) de los tratados aplicables. La priorización del despacho de plantas de CFE sobre generadores privados, la negación o retraso de permisos a inversionistas extranjeros en energías renovables, o la concesión de beneficios regulatorios exclusivos a ciertos actores podrían constituir un trato discriminatorio. Para que exista una violación a MFN, el inversionista debe demostrar que otro inversionista extranjero, en condiciones comparables, recibió un trato más favorable. De igual manera, si ciertos inversionistas nacionales o extranjeros reciben incentivos, condiciones regulatorias preferentes o exclusivo a determinadas oportunidades que se niegan a otros, se configuraría una discriminación entre inversionistas, lo que podría dar lugar a una reclamación bajo el estándar de no discriminación en los tratados de inversión.
Expropiación indirecta: Una expropiación indirecta ocurre cuando un cambio regulatorio elimina o priva sustancialmente al inversionista del uso, control u operación de su inversión, destruyendo su valor económico. La revocación de un permiso, la imposibilidad de operar un activo o la reasignación forzosa de derechos adquiridos pueden configurarla si impiden de forma definitiva o sustancial la explotación de la inversión. La pérdida de ganancias o cambios en las condiciones de mercado no constituyen expropiación indirecta por sí solos, a menos que la medida genere un efecto equivalente a una confiscación. Tribunales arbitrales han determinado que la expropiación indirecta requiere una afectación severa que inutilice la inversión, diferenciándola de ajustes regulatorios que solo impactan la rentabilidad.
Violación del trato justo y equitativo (FET) (fair and equitable treatment): La obligación de dar trato justo, equitativo y de no menoscabar las expectativas legítimas del inversionista es central en tratados de inversión. Los inversionistas extranjeros podrían sostener que la reforma energética mexicana es arbitraria y contraria a las expectativas legítimas que tenían al invertir, basadas en el marco liberalizado de 2013. Cambios repentinos que minan la certidumbre jurídica, falta de transparencia en su implementación, o decisiones istrativas discriminatorias (denegación de permisos, revocación de contratos) pueden constituir violaciones a FET. Por ejemplo, empresas de energías renovables podrían alegar que invirtieron confiando en reglas de libre competencia y abierto a la red; la alteración de esas reglas para favorecer a CFE atenta contra la estabilidad y previsibilidad que esperan según estándares internacionales nacionales o extranjeros reciben incentivos, condiciones regulatorias preferentes o exclusivo a determinadas oportunidades que se niegan a otros, se configuraría una discriminación entre inversionistas, lo que podría dar lugar a una reclamación bajo el estándar de no discriminación en los tratados de inversión.

Más sobre México: Relaciones con Canadá y Estados Unidos: ¿Qué pasará si México aprueba la reforma para prohibir la minería a cielo abierto?

Medios de defensa

Si bien los actores privados tienen en el juicio de amparo un medio de defensa disponible a nivel nacional en contra de la Ley del Sector Eléctrico, con la reforma a la Ley de Amparo publicada en junio de 2024 se limitaron los efectos de la suspensión al establecer que en los juicios de amparo en los que se resuelva la inconstitucionalidad de normas generales.

“En este contexto, ante una potencial impugnación de la LSE, podría entenderse que los juzgadores de amparo, en caso de conceder la suspensión, únicamente lo podrían hacer respecto de la persona que promueve el amparo; lo cual, en ciertos casos, podría dar lugar a que la suspensión carezca de la efectividad deseada (por ejemplo, en casos de afectación al derecho a la competencia)”, advierte Parra.

Además de recurrir a recursos istrativos ante la Sener y la CNE, las empresas privadas pueden utilizar mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación y el arbitraje comercial, siempre y cuando cláusulas contractuales lo permitan.

Explica que en el ámbito internacional, las empresas con inversión extranjera pueden analizar la viabilidad de mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado bajo tratados de inversión suscritos por México, como el T-MEC y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP), que permiten a inversionistas presentar reclamaciones en caso de que consideren que sus derechos han sido afectados por modificaciones regulatorias.

Para el especialista, las empresas pueden considerar estrategias preventivas como el seguimiento de cambios regulatorios, la participación en consultas públicas y la documentación de impactos operativos y económicos derivados de nuevas disposiciones, cuya aplicación dependerá de las condiciones específicas de cada caso y del marco normativo aplicable.

En lo que hace a la reforma al Poder Judicial, considera que, si bien ésta no afecta directamente la procedencia y tramitación de los mecanismos de defensa mencionados en cuanto a sus reglas procesales, entre las implicaciones políticas que podría tener se encuentra un Poder Judicial con un menor grado de independencia, lo cual podría impactar en los sentidos de las sentencias que dicten los jueces en asuntos de especial relevancia política, así como la falta de experiencia y conocimientos técnicos de los juzgadores en asuntos complejos que involucren industrias altamente reguladas.

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Más transparencia y fiscalización inteligente 47243l Un paso adelante en la supervisión de fondos chilenos

Tue, 08 Apr 2025 14:00:00 +0000

Más transparencia y fiscalización inteligente: Un paso adelante en la supervisión de fondos chilenos

La Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) publicó la Norma de Carácter General N° 532 (NCG 532), la cual creó el “Manual de Sistema de Información de Fondos”.

Ingrid Rojas Tue, 08/04/2025 - 10:00

Autor del artículo de opinión

Cristián Eyzaguirre, Francisco Guzmán y Constanza Rivera*

El 28 de febrero de 2025, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) publicó la Norma de Carácter General N° 532 (NCG 532), la cual creó el “Manual de Sistema de Información de Fondos” (MSI de Fondos). Este manual establece el formato y los plazos en que las as generales de fondos chilenos (AGF) deben reportar a la CMF información sobre los fondos bajo su istración, incluyendo fondos mutuos, fondos de inversión rescatables y no rescatables.

Además, la NCG 532 también introdujo modificaciones a la Norma de Carácter General N° 365, exigiendo la entrega de un “archivo de variables relevantes” al depositar un reglamento interno de fondo o sus modificaciones.

La NCG 532, que reemplazaría diversas circulares y normas anteriores, entrará en vigor el 1 de diciembre de 2025, buscando unificar el formato de envío de información y la sistematización del procesamiento de datos, con el objeto de cerrar brechas de información que han surgido a partir de la evolución de los productos financieros y las necesidades más sofisticadas de fiscalización.

Esta nueva normativa no es aplicable a los fondos de inversión no registrados ante la CMF, conocidos en Chile como “fondos de inversión privados”.

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Principales cambios de la NCG 532

La normativa introduce el MSI de Fondos, que se estructura sobre la base de siete reportes, denominados “archivos normativos”, que tratan ciertas materias que ya eran exigidas a los fondos y AGFs y otras nuevas.

Los archivos que tratan información exigida con anterioridad por la CMF son (i) Cartera de inversión de los fondos para instrumentos distintos de contratos derivados (Archivo FONDOS01); (ii) Cartera de inversión de los fondos para instrumentos de contratos derivados (Archivo FONDOS02); (iii) Información general de gastos y remuneraciones efectivas (Archivo FONDOS03), y (iv) Activos, pasivos y patrimonio (Archivo FONDOS05). Si bien la información a ser reportada a través de estos cuatro archivos ya era requerida bajo las anteriores instrucciones de la CMF, no obstante, ha cambiado el formato de envío y, en algunos casos, la periodicidad de su reporte. Por ejemplo, la información relativa a gastos y remuneraciones efectivas se tendrá que reportar de forma diaria para los fondos mutuos y fondos de inversión rescatables y de forma mensual para los fondos de inversión no rescatables.

Los otros tres archivos normativos, representan nuevos requerimientos de información: (i) la información desagregada de gastos y remuneraciones efectivas en fondos mutuos y fondos de inversión rescatables (Archivo FONDOS04); (ii) la caracterización de los partícipes del fondo (Archivo FONDOS06), y (iii) la información sobre disminuciones de capital en fondos de inversión no rescatables (Archivo FONDOS07).

Asimismo, la NCG 532 incorpora dos exigencias adicionales: el reporte de garantías constituidas por las AGFs por cada fondo que istren conforme a lo exigido por la Ley N° 20.712 sobre la istración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y la entrega sistematizada de variables principales del reglamento interno de los fondos al momento de su depósito o modificación.

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Más transparencia y estandarización tecnológica

El mercado de fondos chileno ha experimentado un crecimiento y diversificación importante, haciendo más compleja su fiscalización por parte del regulador. Esta actualización normativa responde a ese contexto, apuntando a reducir tiempos de análisis y mejorar la calidad de la información mediante formatos uniformes, automatización de procesos y supervisión basada en tecnología.

En primer lugar, el aumento en la frecuencia y profundidad de la información está alineado con un enfoque de supervisión basada en riesgos. Contar con datos diarios sobre gastos, activos, pasivos y patrimonio permitirá a la CMF reaccionar con mayor rapidez frente a anomalías o eventos disruptivos, garantizando un monitoreo oportuno en un entorno donde los mercados operan con gran velocidad.

Además, la incorporación de variables demográficas de los partícipes es una innovación importante. Conocer el perfil de los inversionistas, más allá de montos y volúmenes, permitirá evaluar los productos financieros están siendo dirigidos de manera adecuada o si existen riesgos sistémicos derivados de una concentración de inversionistas menos sofisticados.

Por su parte, también es un avance requerir el envío de información sobre las garantías constituidas por cada fondo, lo que, si bien ya era una exigencia legal, no contaba con una instrucción de la CMF para su reporte.

No obstante, este avance regulatorio no está exento de desafíos. El más relevante es el costo de implementación para las AGF, que deberán ajustar sistemas, rediseñar procesos y adoptar nuevos formatos de reporte. Este esfuerzo puede ser especialmente difícil para entidades de menor tamaño, por lo que será clave acompañar esta transición con guías claras y eventualmente apoyo técnico.

Mira también: Recomendaciones para levantar capital en México desde el mercado de valores y los fondos de inversión

Conclusión

La NCG 532 representa un paso significativo hacia una supervisión más efectiva, promoviendo la transparencia y modernizando el ecosistema regulatorio. Su éxito dependerá de la capacidad del regulador de implementar esta transición de forma gradual, dialogada y tecnológicamente viable. Si se ejecuta correctamente, esta norma fortalecerá la confianza en el sistema financiero, permitiendo un mercado de fondos más robusto, eficiente y confiable.

*Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán son socios de Carey. Constanza Rivera es asociada de la firma.

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Regulación fintech en Chile 72351d El rol de la CMF y otros desafíos en el crecimiento de las empresas

Wed, 12 Mar 2025 00:26:04 +0000

Regulación fintech en Chile: El rol de la CMF y otros desafíos en el crecimiento de las empresas

Especialistas recomiendan al regulador aplicar los principios de proporcionalidad y modularidad para evitar que las empresas más pequeñas pierdan competitividad.

Ingrid Rojas Tue, 11/03/2025 - 20:26

En su más reciente informe, Finnovista concluyó que el ecosistema fintech chileno avanza hacia su consolidación a "ritmos considerables". Una evidencia de esto podría ser el crecimiento de nuevos proyectos de una manera más mesurada que en años anteriores: mientras que en el primer semestre de 2024, considerando el mismo periodo de 2023, el aumento de la cantidad de emprendimientos fue de 16,0 % (848 nuevas empresas), en el periodo inmediato anterior fue de 34,1 %.

Al cierre del primer semestre del año pasado, 348 startups componían el ecosistema y a estas se sumaban 137 startups extranjeras para un total de 485.

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Acogerse a la regulación

La regulación ha sido clave en este avance y sigue siendo un gran desafío para el ecosistema fintech chileno. El 3 de febrero culminó el proceso de inscripción de las empresas de tecnología financiera que operaban en el mercado ante el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Registro Fintech), a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de conformidad con la Ley N° 21.521 o 'Ley Fintec' y las Normas de Carácter General (NCG) N° 502. En este registro deben inscribirse empresas dedicadas a la prestación de servicios de plataforma de financiamiento colectivo, sistema alternativo de transacción, intermediación de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes, asesoría crediticia, asesoría de inversión y custodia de instrumentos financieros, quienes, además, deben ser autorizados para tales fines.

En total, la CMF recibió 335 solicitudes, de las cuales 160 comenzaron a tramitar en paralelo la autorización de funcionamiento. Sin embargo, el regulador del sistema financiero chileno informó del rechazo de 33 solicitudes de registro, equivalente al 10 % de las solicitudes.

Con el registro y autorización de las empresas establecidas el regulador asegura que "se consolida un hito clave en la implementación de la Ley y se avanza en el fortalecimiento de un ecosistema financiero más inclusivo y competitivo".

Francisco Guzmán

Francisco Guzmán, socio de Carey, destaca que el proceso supuso un esfuerzo considerable para aquellas entidades que, hasta entonces, operaban sin regulación, especialmente las empresas de menor tamaño.

En relación con los rechazos, precisa que obedecen, principalmente, a dos factores: el primero, que —cree— constituye el mayor número de casos, está relacionado con incumplimientos que podrían denominarse “formales”, es decir, aquellos en los que los solicitantes no presentaron la totalidad de los antecedentes requeridos por la normativa aplicable. Ello se debería, fundamentalmente, al desconocimiento de algunos solicitantes de los procedimientos regulatorios ante la CMF, que exige estrictamente presentar debidamente todos y cada uno de los documentos requeridos por la normativa.

Un segundo factor, que denomina “de fondo”, se refiere a lo complejo que pueden resultar algunos de los antecedentes que se deben presentar al regulador, en especial las políticas de gestión de riesgos y los planes de negocio, entre otros, que requieren información detallada y deben ser preparados por equipos multidisciplinarios (abogados, asesores comerciales y desarrolladores) para cumplir los requisitos de la regulación.

Luego de concluido el proceso de inscripción ante la CMF, aquellas compañías que prestaban servicios fintech y que no presentaron su solicitud de registro y autorización antes del 3 de febrero, debieron abstenerse de continuar prestando servicios fintech, limitándose únicamente a concluir las operaciones en curso, en cumplimiento de la normativa legal vigente. La CMF ha advertido que operar fuera del marco legal acarreará medidas de fiscalización y sanciones.

Mientras, las nuevas entidades que deseen ingresar al mercado deberán solicitar la inscripción y autorización correspondiente, antes de prestar cualquier servicio bajo la Ley Fintec.

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Desafíos en un entorno regulado

Fernando Noriega

Para Fernando Noriega, también socio de Carey, en adelante, los principales desafíos regulatorios para las empresas fintech son la implementación de controles para el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.

Respecto al primer punto, explica que las empresas registradas deberán implementar sistemas internos para cumplir con la normativa y reportar periódicamente a la CMF, lo que —reconoce— representa costos adicionales y una carga istrativa relevante.

“En cuanto al cumplimiento normativo, la principal recomendación es implementar en forma rápida y eficiente las políticas internas presentadas por las empresas a la CMF y contar con los recursos internos suficientes para que una vez que sean autorizadas a operar, estén en condiciones de cumplir debidamente con los reportes normativos exigidos”, comenta Noriega.

Además, sugiere desarrollar estrategias eficientes para gestionar riesgos y fortalecer la infraestructura tecnológica y operativa para cumplir con las obligaciones regulatorias.

En relación con el segundo punto, considera esencial gestionar adecuadamente los riesgos derivados de las actividades, puesto que la supervisión prudencial de la CMF se fundamenta en la evaluación de tales riesgos, lo que incluye incluye contar con políticas específicas para la gestión de riesgos, continuidad del negocio y riesgos operacionales.

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Cuidar la competitividad

Partiendo de lo visto en una reciente reunión con más de 100 representantes del sector para responder consultas y facilitar instancias de inducción para los primeros reportes, Noriega recomienda al regulador mantener una postura cercana y de apoyo.

Más allá, considera importante que la CMF ejerza sus facultades regulatorias, bajo los principios de proporcionalidad y modularidad, como lo establece la Ley Fintec, de manera de ajustar los requisitos según el nivel de riesgo de cada servicio y entidad, para evitar sobrecargar a los actores más pequeños y, más bien, fomentar un entorno competitivo.

"La regulación busca generar mayor estabilidad y seguridad en el sistema financiero a través del fortalecimiento de los mecanismos de protección al cliente, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo", destaca Guzmán.

El especialista considera que, si bien existen espacios de mejora en la normativa y funcionamiento del sistema, la regulación proporcionará mayor certeza jurídica para las actividades fintech, lo que permitirá a las entidades desarrollar sus negocios con mayor seguridad y dentro de un marco regulatorio claro.

Incluso, avala lo señalado por distintos actores en el sentido de que la nueva regulación otorga condiciones para que Chile pueda posicionarse como un hub regional de negocios fintech, promoviendo un ecosistema dinámico y competitivo.

Y refuerza a Noriega al señalar que es importante que la CMF aplique los principios de proporcionalidad y modularidad para evitar que las empresas más pequeñas pierdan competitividad.

“Un exceso de regulación podría generar distorsiones en el mercado, desincentivando el crecimiento de empresas emergentes y afectando el desarrollo de la industria”, explica el socio de Carey.

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Finanzas abiertas

Bajo las las Normas de Carácter General N° 514, las entidades registradas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros pasan a formar parte del sistema de finanzas abiertas, junto con los actores tradicionales del mercado financiero, como bancos y emisores de tarjetas. Noriega destaca que respecto a este sistema, que supone un gran avance en términos de innovación y competencia en el sector financiero, es clave que su implementación sea progresiva y equilibrada para evitar desventajas para las fintech más pequeñas.

Pero advierte la falta de claridad de si las entidades extranjeras inscritas bajo el régimen de excepción de la NCG N° 502 están exentas de participar del sistema de finanzas abiertas.

“La CMF no ha especificado si estas entidades son o no Instituciones Proveedores de Información (IPI), lo que genera incertidumbre y podría generar costos desproporcionados en la implementación de sistemas de intercambio de información transfronterizos”, señala Noriega.

El abogado resalta las bondades del open finance: permitirá una mayor competencia en el mercado, ya que la interoperabilidad y el a información financiera fomentarán la portabilidad financiera y la evaluación crediticia, promoviendo una oferta de productos más personalizada y ajustada a las necesidades de los clientes, además de que se espera que, junto con la nueva Ley de Protección de Datos, eleve los estándares de seguridad en el tratamiento de la información de los clientes.
En su opinión, diversos son los retos que impone el sistema de finanzas abiertas para las fintech y la banca tradicional, especialmente en términos tecnológicos y de ciberseguridad. Destacan entre los principales:

Interconexión tecnológica: Las entidades deberán garantizar que su interfaz de programación de aplicaciones (o API - application programming interface) cumplan con los estándares exigidos por la CMF, incluyendo un tiempo de actividad mínimo del 99,5 %, lo que requiere inversiones en infraestructura y monitoreo constante.
Seguridad y protección de datos: La implementación del sistema implica el intercambio de información financiera entre distintos actores, lo que exige estrictos controles de ciberseguridad para evitar fraudes y s no autorizados.
Costos de adaptación: La adecuación a los estándares tecnológicos representa un desafío financiero significativo, ya que las entidades deberán invertir en plataformas de interconexión que les permitan operar bajo el modelo de finanzas abiertas.

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De allí que recomienda a las entidades que establezcan políticas de monitoreo y control para garantizar que las solicitudes de datos se realicen en condiciones de seguridad e implementen normas de gestión de riesgos que permitan mantener la infraestructura del sistema de finanzas abiertas separada de otros sistemas internos de la entidad.

“Se debe hacer presente, como lo ha entendido el regulador, que la implementación del sistema será gradual, de manera de asegurar que las entidades tengan el tiempo suficiente para adecuarse a las nuevas exigencias sin afectar la continuidad de sus operaciones”, concluye.

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Ley nº 15.040/2024 50ox ¿Qué implica el nuevo marco legal de seguros de Brasil para el crecimiento del sector?

Tue, 25 Feb 2025 22:35:06 +0000

Ley nº 15.040/2024: ¿Qué implica el nuevo marco legal de seguros de Brasil para el crecimiento del sector?

Este año, las empresas dedicadas a la actividad deben ajustarse a la normativa, que fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso.

Ingrid Rojas Tue, 25/02/2025 - 18:35

El mercado asegurador brasileño tuvo un desempeño positivo el año pasado. Entre enero y noviembre de 2024, los ingresos del sector aumentaron 12,4 % con respecto al año anterior, en diversos ramos, entre ellos seguros personales y daños y responsabilidad civil, de acuerdo con la Superintendencia de Seguros Privados (Susep). También creció el segmento de salud complementaria que —según la Agencia Nacional de Salud Complementaria (ANS)— repuntó 12,7 % al cierre del tercer trimestre en relación con igual período de 2023. En total, los ingresos para las empresas del sector fueron de 108,7 millones de dólares (627,3 billones de reales al 25 de febrero) en ambos periodos.

Se espera que ese crecimiento se refleje también este año y con un crecimiento en 10,1 %, con participación equivalente al 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), según proyecciones de la Confederación Nacional de Compañías de Seguros Generales, Pensiones Privadas y Vida, Salud Complementaria y Capitalización (CNseg).

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En este crecimiento ha sido clave la búsqueda de protección por parte de la población, pero también la actuación de las aseguradoras, pues han sabido sortear las fluctuaciones del tipo de cambio y el incremento de las tasas de interés ante el aumento de la inflación, con productos y servicios personalizados y enfocados en ciertos nichos. Pero, en medio del buen desempeño que muestra el mercado asegurador brasileño en los últimos años y después de dos décadas, en diciembre pasado el Congreso aprobó el marco legal de seguros (Ley nº 15.040/2024), que deroga el capítulo del Código Civil que trataba del contrato de seguros. ¿Cómo impactará el crecimiento del sector la normativa?

“Los seguros masivos continúan expandiéndose, ya sea facilitando la colocación de productos a través de plataformas digitales o mediante la simplificación de diversos productos que benefician a los asegurados pequeños y medianos. Este impulso aún no está saturado y tiende a continuar hasta 2025”, manifiesta Pedro Souza, socio de SABZ.

A decir del abogado, el aumento de los desastres climáticos en Brasil conlleva una mayor percepción de riesgo por parte de la población y los gobiernos, por lo que se cree que habrá productos innovadores para atender estos casos, incrementando la contratación en el corto y mediano plazo. El especialista además espera que aplique lo mismo para los riesgos cibernéticos de nivel bajo y medio.

Mientras, proyecta que los seguros de grandes riesgos, tenderán a mantenerse estables, sin crecimiento, ya sea por la ausencia de proyectos grandes o por las complejidades que trae la nueva ley. Incluso, cree que los seguros de grandes riesgos pueden sufrir algún tipo de reducción en su capacidad y apetito por parte de actores globales hasta que se comprenda plenamente el alcance de los cambios presentados.

Souza observa también que las oportunidades de fusiones y adquisiciones se encuentran principalmente en el entorno de comercialización de seguros (agentes, corredores online y otros tipos de contratos de distribución de productos que han surgido en los últimos tiempos). En el contexto de las compañías de seguros, existe la posibilidad de fusiones entre compañías de seguros que tengan como objetivo aumentar la participación de mercado en las carteras masivas.

Para André Alarcon, socio de las áreas de fusiones y adquisiciones, seguros y reaseguros de Demarest Advogados, considerando la dinámica actual del mercado asegurador, con la creciente especialización de las aseguradoras en determinados productos y nichos de mercado, las fusiones y adquisiciones y las operaciones de compra y venta de carteras tenderán a intensificarse en el corto y mediano plazo.

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Novedades del marco legal

Laura Pelegrini, socia del área de Seguros, Reaseguros, Pensiones Privadas y Salud Complementaria, también de Demarest, comenta que la Ley nº 15.040/2024 regula el contrato de seguros de forma muy completa y resalta los procedimientos de regulación y liquidación de los siniestros, los plazos de prescripción y la contratación del reaseguro como los cambios más significativos.

Conceptualmente se realizaron varios ajustes que favorecen al asegurado, desde una perspectiva de protección al consumidor al exigir, por ejemplo, mayor claridad en la estipulación de los riesgos excluidos y una interpretación más favorable al asegurado, cuando existan dudas sobre el texto aplicable, señala Souza, quien enumera los principales puntos de la norma:

Mayor riesgo. Puede implicar el cobro de una prima adicional o la pérdida del derecho a la cobertura y conducir a un aumento significativo y continuo en la materialización del riesgo. Además, el asegurador debe ahora probar la relación causal entre el agravamiento del riesgo y el daño materializado para poder negarse a pagar la indemnización. Estos cambios hacen que sea más difícil para las aseguradoras aplicar exclusiones por mayor riesgo.
Reaseguro. Esta materia había sido objeto de leyes complementarias que abordaban la operación de seguro y no el contrato en sí. Señala que algunas reglas son dignas de mención, como por ejemplo la relativa a la aceptación del riesgo en caso de silencio del reasegurador durante 20 días. Se trata de una innovación en el ambiente de reaseguros sin parangón en el mercado mundial y que podrá generar cierta restricción por parte de los mercados globales de reaseguros respecto a las operaciones en Brasil.

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Ajuste de reclamaciones. La regulación de reclamaciones, un tema antes sólo relacionado con las costumbres y usos en Brasil, ahora está regulado por la nueva ley. Considera que la regulación de esta materia es favorable a los asegurados, a través de normas que establecen plazos cortos para las aseguradoras, un deber de total transparencia por su parte y una prohibición del derecho a innovar el argumento en caso de denegación de la indemnización.
Prescripción. Las normas sobre prescripción en materia de seguros ganan mayor claridad y unidad en el cómputo de los plazos. Resalta que sustituye a las antiguas y complejas normas, que preveían diferentes inicios de cómputo en función del tipo de seguro (Responsabilidad civil vs. norma general). El conteo comienza desde el momento en que la aseguradora se niega. Además, otras discusiones, por ejemplo entre aseguradores, reaseguradores o retrocesionarios, ahora siguen reglas de limitación de un año, las mismas que estaban previstas para la relación asegurado-asegurador.
Arbitraje. Los arbitrajes sobre seguros sujetos a la nueva ley se realizarán exclusivamente en Brasil, bajo las reglas de la legislación local, requisito que ha sido criticado dada la naturaleza global de la operación de seguro.

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Adaptarse a la regulación

Este año es de adaptación del sector de seguros y reaseguros, pues, la nueva ley entrará en vigencia en diciembre.

Pero también será un período para que toda la normativa sublegal —en particular, las resoluciones y circulares del Consejo Nacional de Seguros Privados) y de la Susep— pasen por una revisión para adecuarse a la nueva ley, además de cubrir sus lagunas, como establece el Plan de Regulación que la Superintendencia de Seguros Privados ha preparado para este año.

Estas son algunos de los vacíos legales que ha identificado la socia de Demarest:

Nuevo procedimiento a adoptar para obtener autorización previa y específica para que la aseguradora transfiera su posición contractual a una compañía similar, como en el caso de venta de cartera (de clientes), por ejemplo, considerando que la ley establece que, de no existir dicha autorización o consentimiento previo de los asegurados y beneficiarios, la aseguradora seguirá siendo solidariamente responsable con la nueva aseguradora.
La Susep debe determinar los tipos de seguros que estarán sujetos a un plazo superior a 30 días, limitado a 120 días, para la regulación y liquidación de los siniestros, considerando que la ley establece esa posibilidad, a ser reglamentada por la autoridad supervisora, en los casos en que la verificación de la existencia de cobertura y el cálculo de los valores adeudados impliquen mayor complejidad.
La ley también establece que la autoridad supervisora podrá aumentar el plazo de aceptación tácita de la propuesta de reaseguro, fijado en 20 días.
Además, conforme a lo previsto por la ley, la Susep también debe regular la forma cómo ocurrirá la divulgación obligatoria de los conflictos sometidos a arbitraje u otros medios adecuados de resolución de conflictos y sus respectivas decisiones, sin identificaciones particulares.

De allí que, además de la esperada revisión de todo el conjunto de normas del Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP)/Susep para adecuarlo a las disposiciones de la nueva ley de seguros, también se espera que la superintendencia emita normas para llenar los vacíos dejados por la Ley nº 15.040/2024.

En medio de los ajustes que hay que hacer en los próximos meses, la socia de Demarest comenta que se espera que haya un período de incertidumbre jurídica respecto de la interpretación, doctrina y jurisprudencia de sus disposiciones, además de la necesidad de inversión en capacitación y adecuación del mercado a las nuevas disposiciones legislativas, lo que —considera— puede tener impacto en las operaciones y, eventualmente, incluso en los precios.

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Lo que se proyecta

Sin embargo, Pelegrini no duda que el mercado de seguros se adaptará, especialmente debido a su fortaleza, tanto a nivel global como local, además del amplio espacio que tiene para crecer internamente.

Para el socio de SABZ, esta regulación tiende a cambiar la colocación de productos/capacidad en Brasil por parte de las aseguradoras y reaseguradoras globales por algún tiempo, hasta que se entienda el impacto financiero de las nuevas reglas.

Señala que, además, se cree que habrá un nuevo horizonte de disputas en materia de litigios, ya sea por las nuevas reglas, que deberán probarse ante los tribunales, o porque los arbitrajes, que hasta ahora se realizaban en otras jurisdicciones bajo leyes internacionales, ahora se realizarán a nivel local y con la aplicación de reglas locales.

Para las firmas legales, la nueva normativa representa un desafío respecto a estudiar el tema y proponer interpretaciones sostenibles de las nuevas disposiciones legales para su aplicación práctica por parte de sus clientes, como señala Pelegrini.

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La adaptación de productos, así como el ajuste del cumplimiento y de las operaciones de las compañías de seguros, especialmente por la revisión de contratos debido al mayor riesgo y responsabilidad que resulta de la inclusión del ajuste de reclamos en la ley, generarán más actividad a los abogados especializados en el área, quienes contarán con nuevos caminos y argumentos en las disputas de las aseguradoras ante el Poder Judicial y en arbitrajes, con algunas ventajas en relación a la legislación anterior.

Hasta tanto no entre en plena vigencia la Ley nº 15.040/2024, el sector es regulado por el Decreto-Ley nº 73/1966 sobre operaciones de seguros, requisitos de funcionamiento de las compañías de seguros, creación de la Susep y el CNSP, la Ley complementaria nº 126/2007, las resoluciones del CNSP y las circulares de la Susep, el Código Civil y la Ley 4.594/64 (Ley de Corretaje de Seguros).

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Leyes de delitos económicos 6z5l1k Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

Fri, 10 Jan 2025 18:00:00 +0000

Leyes de delitos económicos, Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

La adopción de una política de compliance es absolutamente indispensable para la prevención de riesgos, de acuerdo con especialistas.

Ingrid Rojas Fri, 10/01/2025 - 14:00

Chile es reconocido en América Latina por sus avances en materia de compliance. Francisca Franzani, socia de DLA Piper - Chile, señala que el país ha aumentado el compromiso con la adopción de programas de cumplimiento en comparación con otros de la región, siendo, en efecto, uno de los pocos en contar con una Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

“Chile ha seguido los estándares internacionales de Europa y Estados Unidos, lo que le ha permitido posicionarse dentro de América como un país con estándares altos de cumplimiento y, en efecto, tener índices de corrupción más bajos que otros países de la región”, dice la abogada.

Para Cristián Conejero Roos, socio director de Cuatrecasas Santiago, en comparación con otros países de la región, el país se distingue por su enfoque proactivo y estructurado en materia de cumplimiento, promovido por un sólido marco regulatorio que rige tanto a nivel público como privado.

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“Esto ha llevado a una mejora en la transparencia, a una gestión de riesgos más eficiente y preventiva, lo que redunda en una mayor reputación empresarial, posicionando a nuestro país como líder regional en la adopción de este tipo de programas”, asegura el abogado al destacar que se ha avanzado significativamente en temas ambientales, de prevención, cumplimiento tributario, laborales y protección de datos, lo que ha implicado adecuar políticas y protocolos al interior de las empresas y una constante necesidad, por parte de estas, de conocer e integrar las nuevas reglas del juego.

La más reciente encuesta de Miller & Chevalier, con apoyo de firmas de la región, da cuenta de una mejora en la percepción de los ciudadanos sobre el procesamiento de delincuentes involucrados en casos de corrupción y del creciente esfuerzo de las empresas para prevenir el flagelo a través de programas de cumplimiento, seguros de que este se convierte en un obstáculo para hacer negocios. El informe cita los casos de Corpesca y Convenios, que hacen patente la necesidad de contar con programas de compliance efectivos para combatir la corrupción.

Para Franzani, los programas de cumplimiento se han convertido, en cierto sentido, como mandatorios para las empresas, no solo en referencia a modelos de cumplimiento relacionados con la Ley de Delitos Económicos, sino también en materia de datos personales, protección al consumidor, libre competencia y laboral.

Agrega que para los directorios ha cambiado la importancia de la prevención y de contar con programas de cumplimiento, por lo que desde una gobernanza de “tone from the top” ha sido más fácil la adopción de estas medidas de control.

“Si bien no siempre se encuentra aparejada una sanción a las empresas por no contar con un programa de cumplimiento, hoy en nuestro país es algo latente, que agrega valor y que es absolutamente indispensable para la prevención de riesgos”, agrega.

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Las acciones en esta dirección continúan y, tal como comenta Conejero Roos, hay hitos muy relevantes y variados en cuanto a aprobación de leyes en el país, como la Ley de Delitos Económicos sobre las empresas, que entró en plena vigencia el año pasado y que pone foco en el cumplimiento normativo, la prevención de irregularidades y la adecuada cultura de gobernanza. Esto ha impulsado las acciones de empresas y sus directorios para que revisen y actualicen sus protocolos y funcionamiento para cumplir con los nuevos estándares establecidos.

En materia laboral han entrado en vigencia la Ley N° 21.651, que reduce la jornada de trabajo semanal de 45 a 44 horas en 2024 y a 40 horas en 2028, y la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, que exige a las empresas implementar un protocolo de prevención de acoso y violencia laboral, así como un procedimiento de investigación y sanción, que —de acuerdo con Conejero Roos— han impactado tanto al sector legal como a las empresas, promoviendo la adopción de nuevos procesos y protocolos en materia de transparencia y eficacia, así como en una necesidad de la especialización para afrontar adecuadamente su implementación en el entorno laboral.

A las leyes mencionadas se suman la nueva normativa tributaria, la Ley N° 21.713, el tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos y la nueva ley de protección de datos, que desde sus diversas complejidades y especificidades, impactan en los procesos de gestión y funcionamiento de las empresas, señala el especialista.

Motivo de preocupación

Varias son las preocupaciones esbozadas por los clientes de las firmas legales en relación con las normativas que han entrado en vigencia en Chile. De hecho, ha aumentado la demanda de asesorías en relación con la implementación de modelos de prevención de delitos y la adaptación a la nueva normativa tributaria y de protección de datos.

Franzani las resume así:

La Ley de Delitos Económicos y los cambios en el régimen de responsabilidad penal empresarial, como el endurecimiento de las sanciones para el C-Level de las compañías y el incremento de los riesgos para las personas jurídicas debido a los nuevos delitos incorporados en la ley.
Las modificaciones introducidas por la Ley Karin, que establecen un nuevo estándar en aspectos críticos para las empresas, como la convivencia y el clima laboral.
La actualización en la protección de datos personales, donde —considera— el estándar de cumplimiento sigue rezagado en comparación con muchas legislaciones de la región y el mundo.

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“Afortunadamente, estas preocupaciones han comenzado a abordarse mediante la implementación de programas de cumplimiento transversales, diseñados para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y promover un desarrollo empresarial sostenible. En este contexto, hemos tenido un progreso significativo en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales”, expresa la abogada de DLA Piper - Chile.

A modo de ejemplo, el socio director de Cuatrecasas en Chile señala que los clientes deben entender cuáles de los nuevos delitos económicos son aplicables a su operación empresarial y las consecuencias de estos, ya que muchas veces no hay claridad por la diferencia subyacente entre la responsabilidad istrativa y penal, mientras que, en el caso del tratado para evitar la doble tributación suscrito entre Estados Unidos y Chile, las empresas deben evaluar las condiciones de sustancia para acceder a sus beneficios y reorganizar operaciones para evitar la elusión fiscal y garantizar que las reestructuraciones no sean impugnadas.

Refuerza que con la nueva ley de protección de datos personales las empresas deben comenzar a identificar sus brechas en la seguridad de cómo gestionar este tipo de información y trazar un plan de cumplimiento, por lo que no solo lo ve como una cuestión de cumplimiento legal, sino también una oportunidad para mejorar la confianza y competitividad a través del manejo ético y responsable de los datos.

“Todas estas medidas, que buscan adecuar nuestro cuerpo legal a los requerimientos propios de los tiempos que corren, presentan un gran cambio para generar un entorno regulatorio más robusto y transparente que favorezca la inversión, que sin duda van en línea con las recomendaciones de la OCDE”, explica Conejero Roos al itir que todavía queda por avanzar.

Resaltar la posición privilegiada de Cuatrecasas para asesorar a sus clientes en las particularidades de estas leyes que, en su gran mayoría, siguen modelos europeos o recogen buenas prácticas internacionales con las que el despacho está muy familiarizado para conocer la normativa, entender su implicancia práctica, identificando y mitigando riesgos específicos en los más variados sectores, con base en experiencias pasadas.

Franzani coincide con su colega al señalar que hoy las firmas full service tienen una ventaja comparativa en el mercado a raíz de la incorporación de todas estas regulaciones, que requieren de distintas especializaciones.

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Perspectivas

Este año comienza la cuenta regresiva del mandato del presidente chileno Gabriel Boric, cuyo gobierno ha reforzado el cumplimiento con la aprobación de un paquete de leyes como las de cumplimiento tributario, delitos económicos, Karin y de datos personales. ¿Qué esperan las firmas legales para los próximos años?

Cristián Conejero Roos, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Santiago de Chile, cree que en los próximos años se seguirá fortaleciendo la senda hacia la construcción de un entorno regulatorio más robusto y transparente, lo que incluye avances en materias como la transición energética y la simplificación de procesos regulatorios.

Espera que el gobierno introduzca y avance en proyectos de ley para mejorar la eficiencia y transparencia en sectores estratégicos, entre los que destaca la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuyo objetivo es reducir los tiempos de tramitación de permisos para el desarrollo de proyectos estratégicos, lo que -sin duda- facilitará significativamente el crecimiento del portafolio de proyectos a nivel país que puedan entrar en fase de ejecución.

Además, prevé que se priorice la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo proceso legislativo culminó muy recientemente, por lo que piensa que las empresas deberán estar atentas a los nuevos requisitos y comenzar a preparar sus estructuras internas para cumplir con esta normativa, que incluye la creación de nuevos procedimientos para la gestión de datos, la respuesta a incidentes de seguridad, así como también la capacitación continua de su personal para asegurar que todos los niveles de la organización estén alineados.

“Creemos firmemente que la proactividad en la adaptación a las nuevas leyes disminuirá los riesgos legales y fortalecerá la reputación y competitividad en un mercado cambiante como el actual”, manifiesta el abogado.

Para Franzani, la nueva legislación probablemente amplíe el alcance del cumplimiento hacia nuevas áreas, adoptando un enfoque centrado en la prevención de riesgos, que se refleja en los cambios que se espera introduzca la Unidad de Análisis Financiero, particularmente en lo relacionado con la persecución de la corrupción y el lavado de activos, ajustes que cobran especial relevancia ante la incorporación de nuevos actores al mercado, como las empresas fintech. También anticipan avances significativos en el compliance en el sector público.

“Estamos atravesando un periodo de ajuste en el que tomar decisiones acertadas no solo genera beneficios a corto plazo, sino que también se convierte en un elemento estratégico para las empresas. Muchas organizaciones están en pleno proceso de implementación de programas de cumplimiento y adaptándose a nuevas formas de organizar el trabajo. El gran desafío será observar cómo la autoridad responde a estos cambios legislativos, destacando la prevención como la primera línea de defensa”, resaltó.

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Recomendaciones para elaborar una política contra el acoso laboral desde una perspectiva latina 1m7149

Fri, 22 Nov 2024 18:38:58 +0000

Recomendaciones para elaborar una política contra el acoso laboral desde una perspectiva latina

Argentina, Chile, México y Perú han ratificado el Convenio No. 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que trata sobre la violencia y el acoso en el trabajo.

Redacción Lexlatin Fri, 22/11/2024 - 14:38

Los datos de la violencia en el lugar de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) subrayan la importancia de aplicar políticas eficaces en el centro de trabajo. En 2021, a escala mundial, 17,9 % de las mujeres y hombres afirmaron haber sido víctimas de violencia y acoso psicológicos durante su vida laboral, mientras que el 8,5 % declararon haber enfrentado violencia y acoso físicos y el 6,3 % manifestó que el tipo de violencia y acoso fue sexual. A noviembre de 2023, en el ámbito de América Latina y el Caribe, el 39 % de las mujeres trabajadoras, casi 4 de cada 10, había reportado haber sido víctima de violencia y acoso en el trabajo.

En este artículo compartiremos un análisis comparado y desde un enfoque práctico de la normativa sobre acoso laboral en diversos países de América Latina, con énfasis en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Puerto Rico.

Empecemos por identificar qué se entiende por acoso laboral en cada uno de los países analizados, pues todos han regulado esta situación de una u otra forma.

Argentina, Chile, México y Perú han ratificado el Convenio No. 190 de la OIT, que trata sobre la violencia y el acoso en el trabajo y contiene una definición bastante amplia sobre el acoso laboral. Así, la violencia y el acoso comprenden comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas de estos, que sucedan una sola vez o de manera reiterada, que tengan por objeto, que causen o puedan causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico.

En otros países de la región, como Brasil y Puerto Rico, se exige, para reconocerlo, que la conducta acosadora se repita y que exponga a la víctima a un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo que impida a la persona ejecutar sus funciones o tareas de forma normal.

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¿Exigen las regulaciones nacionales que las empresas cuenten con una política contra el acoso laboral?

Con ciertos matices, en los países analizados se requiere a todas las empresas, sin importar su tamaño ni número de trabajadores, que cuenten con una política o norma interna contra el acoso en alguna o todas sus manifestaciones.

En Argentina no es obligatorio contar con una política contra el acoso laboral; no obstante, sí hay un marco normativo que crea una obligación implícita para los empleadores de garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Asimismo, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 26.485 refuerzan la responsabilidad de los empleadores de prevenir situaciones de hostigamiento y proteger a los trabajadores, lo que implica que, si bien no es estrictamente obligatorio tener una política formal, es altamente recomendable y coherente con las mejores prácticas laborales.

La situación en Brasil es similar, pues corresponde a las empresas que tienen una comisión interna para prevenir accidentes de trabajo la obligación de implementar medidas preventivas de cualquier forma de violencia en el lugar de trabajo.

También desde una perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo-Identificación, Análisis y Prevención, impone a las empresas establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una Política de Prevención de Riesgos Psicosociales. En este sentido, la violencia laboral está considerada como un factor de riesgo psicosocial y esta se define como "aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador, que pueden dañar su integridad o salud".

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En otros países la obligación es más explícita. Así, en Puerto Rico es requerido por ley tener una política que prohíba el hostigamiento laboral y un protocolo para atender quejas de hostigamiento laboral. En Chile, a partir de la denominada Ley Karin, todas las empresas deben contar con un protocolo de prevención del acoso laboral, del acoso sexual y de la violencia en el trabajo. Adicionalmente, las empresas deben incorporar en sus reglamentos internos reglas sobre investigación y sanción del acoso laboral y también del acoso sexual y violencia en el trabajo. Y, en Perú, según la Ley sobre Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y la Ley de Salud Mental, las empresas emitirán una política contra el hostigamiento sexual en el trabajo y otra para prevenir el acoso laboral.

En todos estos países resulta obligatorio, por norma interna o por haber ratificado el Convenio No. 190 de la OIT, capacitar al personal en la política interna, de manera que resulta esencial que los trabajadores puedan identificar los peligros y riesgos asociados a la violencia y al acoso, y conozcan qué medidas pueden adoptar para prevenir y protegerse ante este tipo de situaciones.

¿Qué contenido mínimo debería incluir la política interna?

A nivel de los países analizados, generalmente, se espera que una política regional cubra cuatro aspectos:

Definir qué conductas específicas que califican como acoso o violencia en el trabajo.
Identificar y evaluar los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo.
Señalar las medidas de prevención y control de tales riesgos, del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, así como las acciones para promover un entorno laboral seguro.
Describir cómo una persona puede presentar una denuncia, la investigación y sanción para este tipo de casos, incluyendo medidas de resguardo de la privacidad de todos los involucrados en el procedimiento.

También puedes leer: Ley Karin; entra en vigencia la legislación contra el acoso laboral en Chile

En el caso de Chile, habrá que tener en cuenta que esta política debe elaborarse necesariamente con la participación de los organismos es del seguro de accidentes del trabajo con los que cada empresa tenga afiliación.

En base a la experiencia transnacional de DLA Piper a nivel latinoamericano, las siguientes son, generalmente, reconocidas como buenas prácticas en la mayoría de jurisdicciones:

Establecer un canal de atención ágil para recibir y atender las denuncias que permita cumplir con los plazos legales.
Implementar un mecanismo de monitoreo y atención de las quejas presentadas.
Alinear la política contra el acoso y la violencia con el código de conducta y demás normas internas de la compañía para evitar duplicidad de regulaciones.
Llevar adelante campañas internas de formación de los trabajadores en la identificación y erradicación de patrones de comportamiento discriminatorios y riesgosos, especialmente en aspectos que pueden ser culturalmente tolerados en ciertos ámbitos y que generan un riesgo importante de acoso.
Garantizar que no habrá represalias contra los denunciantes de buena fe.
Evaluar constantemente los componentes del clima organizacional y hacerlos visibles para todos los de la empresa.

Finalmente, los líderes de las compañías suelen ayudar a mantener entornos de trabajo libres de violencia y acoso, mostrando su compromiso con la promoción de entornos de trabajo saludables y seguros.

*Cecilia Guzmán-Barrón, Janine Guzmán, Luis Parada y María Ríos son socios de DLA Piper en Perú, Puerto Rico, Chile y México, respectivamente, y Alberto Rubio es director en Argentina. Juliana Nunes, Mauricio Tanabe y Marcio Meira de Vasconcellos son socios de Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) - Brasil.

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Ley 21.713 2071d La estrategia de Chile para ampliar la cantidad de contribuyentes con su nueva Ley de cumplimiento tributario

Tue, 12 Nov 2024 22:47:10 +0000

Ley 21.713: La estrategia de Chile para ampliar la cantidad de contribuyentes con su nueva Ley de cumplimiento tributario

La normativa, que entró en vigencia en octubre pasado, contempla una serie de cambios dirigidos a incrementar la recaudación facilitando la regularización voluntaria y las facilidades de pago.

Ingrid Rojas Tue, 12/11/2024 - 18:47

El 24 de octubre, el gobierno chileno promulgó la Ley 21.713 o Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que agrupa buena parte de las medidas contenidas en el Pacto para el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Esta norma ha sido aprobada en un momento en el que Chile busca impulsar el crecimiento de su economía, que durante el primer semestre de este año logró repuntar 1,9 %, luego de haber estado estancada durante 2023, de acuerdo con el Banco Mundial.

La norma propone la modernización de la istración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el control de la informalidad, el combate a la evasión y la elusión (planificación tributaria agresiva), nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), la regularización de obligaciones tributarias y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores, así como el resguardo de la probidad. Estos son los ejes en los que se enfoca el documento legal, con el que se busca incrementar los ingresos del país por Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor creado y otros tributos para ampliar el gasto fiscal de manera sostenible.

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Tan solo en 2024, el gobierno proyecta ingresos derivados de esta iniciativa legal del orden de 659.562 millones de pesos (680,1 millones de dólares al 12 de noviembre), equivalentes a 0,21 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Para el gobierno del presidente Boric era prioritaria la aprobación de esta iniciativa, pues de ella dependían programas incluidos en el presupuesto del próximo año, equivalentes a 1.200 millones de dólares.

En total, por la vía de Ley 21.713 se esperan ingresos por 4.500 millones de dólares (1,5 % del PIB).

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Principales cambios

Con la promulgación de la normativa, que ha sido considerada un “acto de justicia”, se busca ir contra los “contribuyentes que están abusando del sistema o que están incumpliendo involuntariamente con su responsabilidad”, como señaló en algún momento Mario Marcel, ministro de Hacienda.

Amory Heine

Para Amory Heine, socia del área tributaria de DLA Piper - Chile, los principales cambios que introduce la norma son:

Tasación: Se redefine la facultad del Servicio de Impuestos Internos (SII) para tasar el precio de las transacciones cuando se realizan en un valor inferior al de mercado, resultando en una menor utilidad afecta a impuestos.
Reorganización de grupos empresariales: Se actualiza la norma que permite reorganizar grupos empresariales bajo neutralidad tributaria, incorporando criterios clave ya antes señalados en interpretaciones del SII.
Norma general antielusiva: Cambia el procedimiento y se crea un Comité Ejecutivo que recomendará al director del SII su aplicación.
Denunciante anónimo: Colaboradores en investigaciones de delitos tributarios podrán recibir el 10 % de la multa resultante.
Precios de transferencia: El contribuyente podrá realizar autoajustes a las remuneraciones con partes relacionadas, incorporando la diferencia a su base de Impuesto a la Renta. En cambio, si el ajuste es determinado por el SII, aplica un Impuesto Multa del 40 %.
Régimen CFC: Se amplía la presunción de relación para establecer el control de entidades extranjeras que generan rentas pasivas que deben reconocerse en Chile.
Plataformas digitales: Se consideran contribuyentes de Impuesto al Valor Agregado (IVA), sujetas al régimen simplificado de prestadores de servicios digitales extranjeros.
IVA Importaciones: Importaciones ocasionales y no comerciales de hasta 500 dólares están gravadas con IVA.

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Algunos analistas han cuestionado que aspectos como 'el denunciante anónimo', la aplicación de la norma general antielusión y el levantamiento del secreto bancario, que fueron rechazados en la reforma planteada en 2023, hayan sido incorporados a la norma recién promulgada.

Heine explica que, si bien hay modificaciones al procedimiento de la norma general antielusión y se crea un Comité Ejecutivo para que estudie y recomiende su aplicación, el punto más importante está en quién la declara.

“El debate parlamentario y público giró en gran medida en torno a si el Servicio de Impuestos Internos podría declarar directamente un acto como elusivo o si esa facultad debiera seguir radicada en los tribunales de justicia. Finalmente, se decidió que dicha facultad permaneciera en los tribunales", comenta.

Considera que esto es relevante porque, de lo contrario, existiría un mayor riesgo de discrecionalidad y de la aplicación de criterios variables en un asunto tan delicado.

En relación con el levantamiento del secreto bancario, indica que ahora se requerirá autorización expresa del contribuyente y su silencio se considerará como negativa, lo que propiciará el inicio de un procedimiento judicial acotado ante los tribunales tributarios y aduaneros. Además, se crea un procedimiento excepcional, sin defensa previa del contribuyente, quien también debe ser autorizado por los tribunales tributarios y aduaneros en investigaciones sobre infracciones o delitos tributarios.

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En opinión de Heine, quizás la mayor novedad es la nueva obligación de las entidades financieras de informar al SII cuando un contribuyente reciba más de 50 abonos en un día, semana o mes, provenientes de 50 o más personas o entidades distintas o, al menos, 100 abonos en un semestre de 100 personas o entidades diferentes.

La citada obligación ha generado controversias, en torno se discute si es una forma de omitir el procedimiento judicial para levantar el secreto bancario, aunque la información que debe reportarse es limitada (titular de la cuenta, número de abonos y montos, pero no quiénes realizan las transferencias).

“De todas maneras, la entrega de información bancaria sigue siendo un tema sensible y creemos debe asegurarse que esta herramienta se utilice con precaución y diligencia”, sugiere la abogada.

Mira cómo se ha movido el mercado transaccional en América Latina

Beneficios para los contribuyentes

De acuerdo con Francisco Arguëllo, asociado sénior de la oficina de DLA Piper - Chile en Santiago de Chile, en términos generales, con la norma se avanza en certeza jurídica aclarando criterios o definiendo conceptos relevantes.

Como ejemplos, menciona la inclusión de definiciones legales como “valor de mercado” y “legítima razón de negocios”, consideradas esenciales para evaluar el impacto tributario del precio fijado a distintas transacciones y de las reorganizaciones corporativas de grupos empresariales.

El también especialista en materia tributaria añade la implementación de un régimen especial que permite regularizar rentas o capitales en el extranjero no declarados en Chile. "Al pagar un impuesto único del 12 % se extingue toda responsabilidad civil, penal o istrativa", comenta al mencionar otros beneficios:

Interés penal aplicable a impuestos pagados fuera de plazo. Antes se aplicaba un interés del 1,5 % mensual o por fracción de mes (18 % anual). Ahora, el interés se calculará diariamente según la tasa de interés corriente fijada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para operaciones reajustables en moneda nacional de hasta 2.000 unidades de fomento (UF).
Terminación anticipada de juicios tributarios. Los contribuyentes con litigios pendientes por giros o liquidaciones de impuestos pueden finalizar estos procedimientos reconociendo la deuda tributaria reajustada, con condonación total de intereses y multas por parte del SII.
Facilidades de pago de Tesorería. La Tesorería ofrecerá facilidades de pago en cuotas mensuales por hasta 48 meses para deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023, plazo que el gobierno planea extender. Tanto quienes suscriban convenios de pago como quienes cancelen al contado accederán a la condonación total de intereses y sanciones. Además, la Tesorería declarará de oficio la prescripción de acciones de cobro por deudas giradas hasta el 31 de diciembre de 2023, excepto el impuesto territorial.

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Carga tributaria y sobrecarga istrativa

A decir de Argüello, elevar los estándares de cumplimiento tributario incrementa las exigencias para los contribuyentes, pero también para la autoridad, y señala que, en el caso de los primeros, este impacto es más notorio para las pequeñas y medianas empresas (pymes), comparándolas con compañías de mayor tamaño, pues probablemente ya cuentan con procesos internos y sistemas de compliance.

Sin embargo, observa que quizás el impacto más fuerte se relaciona con la carga istrativa, dado que mayores requerimientos de información y exigencias a los contribuyentes demandarán más trabajo al SII.

Pero más allá cree que será interesante ver la postura que adoptará el organismo en este nuevo escenario, tomando en cuenta que en el último tiempo ha implementado una nueva estrategia, caracterizada por una postura más estricta en la fiscalización de incumplimientos tributarios.

“Por un lado, es fundamental garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fortalecer la recaudación fiscal. Por el otro, es igualmente importante mantener un enfoque equilibrado que promueva la colaboración entre la autoridad y los contribuyentes. No se debe llegar al extremo de percibir que la autoridad dificulta el desarrollo de negocios y emprendimientos”, alerta.

Marco regulatorio estable

A apenas días de promulgada, la Ley 21.713 ya fue objeto de una reforma, a través de una ley corta, con la que fueron ajustados los puntos relacionados con la exención a las compras online de hasta 41 dólares, el impuesto de 12 % para la repatriación de capitales, la suscripción de convenios para saldar deudas tributarias y el cierre de procesos judiciales pendientes.

Aunque Heine está convencida de que el sistema tributario chileno aún requiere mejoras, piensa que, en términos generales, es necesario simplificarlo y quizás considerar incentivos para áreas de desarrollo clave. No obstante, dado el alto número de reformas implementadas en la última década, cree que es momento de priorizar la estabilidad, mantener un marco regulatorio constante y enfocar los cambios únicamente en aspectos puntuales, evitando modificaciones estructurales.

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Con ejemplo en mano explicó por qué es importante tener margen para que la autoridad y contribuyentes se adapten a los cambios legales y evaluar su efectividad después de un tiempo. Al hacer referencia a la norma general antielusión señala que, aunque está vigente desde septiembre de 2015, su impacto se ha notado solo en el último tiempo con mayores revisiones y requerimientos, culminando con la primera declaración de elusión por un tribunal tributario en marzo de este año.

“Aunque esto puede interpretarse de distintas maneras, es razonable concluir que, tras un período de adaptación por parte del SII, la norma se ha transformado en una herramienta más eficaz”, expresa al agregar que puede que la medida más eficaz para fortalecer el cumplimiento tributario y, a la vez, estimular el crecimiento económico sea mantener un marco regulatorio estable por un período prolongado, sin introducir nuevas reformas estructurales.

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¿Cómo funcionará la nueva Bolsa de Valores de Río de Janeiro? 2d4t2n

Tue, 16 Jul 2024 15:54:44 +0000

¿Cómo funcionará la nueva Bolsa de Valores de Río de Janeiro?

Se espera que la nueva bolsa compita con B3 y estimule inversiones que no le resten mercado a esta. El potencial del país es grande, según abogados.

Ingrid Rojas Tue, 16/07/2024 - 11:54

Han pasado más de 200 años desde que se abrió, en Río de Janeiro, la primera Bolsa de Valores de Brasil. La ciudad, que fue pionera en propiciar los negocios entre compradores y vendedores de activos mediante oferta pública, albergó la llamada Bolsa de Valores de Río de Janeiro hasta hace poco más de dos décadas, cuando, debilitada tras la especulación y manipulación financiera protagonizada por el empresario libanés Naji Nahas, cerró en 2002, quedando B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, la Bolsa de Valores de São Paulo, como la única bolsa del país.

En Río tiene su sede la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), regulador del mercado de capitales.

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¿Se justifica que haya dos bolsas de valores en el país?

La decisión del gobierno local de propiciar la creación de un mercado de capitales en una de las ciudades más conocidas del país por sus íconos turísticos está generando dudas.

Las autoridades municipales de Río de Janeiro esperan atraer más inversión de la que han recibido hasta ahora y fortalecer el sector financiero, dado su aporte a la economía del municipio y del estado como pagador de impuestos, en particular el Impuesto sobre Servicios (ISS).

Pero más allá del sector financiero, el municipio quiere aprovechar la presencia de grandes empresas de distintas industrias —como Vale y Petrobras, que cotizan sus acciones en B3—, así como un entorno económico favorable para impulsar iniciativas como esta.

Estimular la competencia

Gustavo Rugani, socio del área de mercado de capitales de Machado Meyer Advogados, cree que una segunda bolsa de valores en Brasil podría estimular la aceleración de la innovación y la creación de nuevos productos y servicios, a través de la competencia.

Además, señala que abre la posibilidad, existente en Estados Unidos y otras jurisdicciones donde existen múltiples entornos comerciales, de "disputar" la cotización de una empresa o un título, lo que podría resultar en beneficios para los emisores.

“La pluralidad puede ser un acelerador para el desarrollo de nuevas soluciones, productos y servicios, que beneficien al mercado en su conjunto”, agrega.

Se espera que la nueva Bolsa de Valores de Río de Janeiro compita con B3, un mercado que movió 85.000 millones de dólares (463.700 millones de reales al 16 de julio) el año pasado, aunque sin restarle participación, sino más bien estimulando el volumen de operaciones, acciones, derivados y materias primas, entre otros valores.

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Para Víctor Hugo Brito, socio de las áreas de derecho corporativo y M&A de BBL Advogados, el regreso de la Bolsa de Valores de Río de Janeiro no solo puede significar la llegada de más empresas del sector financiero, sino también aumentar la oferta de empleos directos e indirectos, así como impulsar otros sectores de la economía, como los servicios, la gastronomía y el sector inmobiliario, además de la posibilidad de atraer nuevas inversiones. De acuerdo con la Municipalidad de Río de Janeiro, el mercado financiero de la ciudad cuenta con más de un millón de inversionistas registrados y más de 4.000 fondos de inversión.

El abogado llama la atención sobre el potencial del mercado de capitales en un país con más de 200 millones de habitantes, de los que solo 19,4 millones, cerca de 10 % de la población, son inversores individuales.

“Sigue siendo un mercado con un enorme potencial de desarrollo en comparación con otros países, todavía muy bajo para el potencial económico de Brasil. Entonces sí, creo que hay espacio para dos bolsas de valores y creo en la posibilidad de que la BVRJ vuelva a desempeñar un papel destacado en el mercado financiero nacional”, resalta Brito.

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Sustento legal

Las bases jurídicas de la nueva Bolsa de Valores de Río de Janeiro están en la Ley 3276/2024, que fue aprobada el 25 de junio por el Ayuntamiento de la ciudad y sancionada el 3 de julio por el prefecto.

Se espera que el proyecto vea la luz en el segundo semestre del próximo año y para hacerlo posible se han hecho algunas modificaciones legales a fin de estimular la llegada de inversionistas a la ciudad.

Destaca la reforma al Código Tributario de Río de Janeiro para reducir de 5 % a 2 % el ISS, que grava las actividades bursátiles y que pecha a bancos y corredores. También se contemplan beneficios para la instalación de data centers.

“Esto no beneficia directamente a los propios inversores ni a los emisores, sino a toda la industria financiera que sirve de base y soporte al funcionamiento de la bolsa de valores”, comenta Rugani.

El inicio de actividades por parte del nuevo mercado bursátil amerita la autorización de la CVM y del Banco Central de Brasil.

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La operación de la nueva bolsa

En los más de 20 años desde que cesó operaciones la Bolsa de Valores de Río de Janeiro ha habido interesados en revivir este mercado. Uno de ellos es Americas Trading Group (ATG), una compañía controlada desde 2023 por Mubadala Capital, parte del gestor de activos Mubadala Investment Company, de Abu Dhabi, que ha estado detrás de este objetivo desde hace al menos una década.

De hecho, Cláudio Pracownik, director general de la empresa, que ofrece una plataforma para la negociación electrónica de valores, acompañó al alcalde de la ciudad durante el acto de promulgación de la ley que crea el mercado de valores local.

En Brasil, ATG trabaja con B3 y ahora espera ser autorizada para iniciar las operaciones de la nueva bolsa de valores de Río de Janeiro.

Otras iniciativas

Ha habido varios proyectos relacionados con el mercado de capitales, impulsados por el gobierno del estado y el ayuntamiento. Tal es el caso de la alianza de la empresa carioca ACX Brasil con B3 para crear una plataforma de negociación de créditos de carbono en aras de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La iniciativa, lanzada a finales de 2023 y que estaría operativa en el primer trimestre de este año, marcaría la entrada de B3 en el mercado de créditos de carbono además de acercar a Brasil, uno de los mayores proveedores de estos valores a escala, a compradores internacionales.

Este proyecto contó con el apoyo de la Municipalidad de Río. AirCarbon Exchange (ACX) y BlockC trabajaron para desarrollar un mercado de carbono en el país, que sería lanzado en 2022, teniendo como fundamento legal el Decreto N° 48.995/21 de creación de la Bolsa de Comercio de Carbono.

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En diciembre de 2022, el gobierno del estado de Río de Janeiro anunció una asociación entre el Nasdaq y la Plataforma Global de Activos Ambientales (GEAP, por sus siglas en inglés) en el mismo sentido. El Nasdaq aportaría la tecnología y el estado los activos medioambientales de la llamada bolsa verde.

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Las disposiciones más destacadas del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial 5s5r2w

Wed, 19 Jun 2024 05:43:48 +0000

Las disposiciones más destacadas del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial

Las sanciones marcan la pauta para enviar un mensaje directo respecto de la seriedad e importancia que le está dando la UE a la regulación de la IA.

Rosa Ramos Wed, 19/06/2024 - 01:43

Autor del artículo de opinión

Hernán Pacheco*

Es innegable que el auge de la Inteligencia Artificial (IA) tiene repercusiones en prácticamente todas las esferas de la sociedad moderna, independientemente del grado de desarrollo de un país o región. Por otra parte, trae consigo oportunidades inimaginables de progreso y mejora en muchos ámbitos de la actividad humana.

La contrapartida es el sinnúmero de amenazas que su desarrollo, uso y aplicación traerá sobre todo para el sector de la humanidad más vulnerable y menos adaptable al cambio, pero también para aquellos que, en el orden actual de las cosas, consideran estar en una zona segura frente al embate del avance tecnológico sin precedentes.

Relacionado: El uso de la IA para generar nuevas estrategias de mercadeo dentro de las empresas

Recientemente, el Consejo de Europa aprobó un Reglamento sobre Inteligencia Artificial. Ya desde años atrás se han presentado iniciativas en diferentes latitudes que buscan crear un marco de referencia normativo, que regule un ecosistema de desarrollo, aplicación y uso de la IA en un ambiente fiable, transparente y, sobre todo, ético.

La OCDE ya había lanzado, en 2019, un conjunto de directrices de políticas intergubernamentales de IA sobre la base de 5 principios:

Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar.
Valores centrados en el ser humano y la equidad.
Transparencia y explicabilidad.
Robustez y seguridad.
Protección y rendición de cuentas.

Disposiciones destacadas

El recientemente promulgado Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AIA – Artificial Intelligence Act) consta de 12 títulos y 85 artículos. La mayoría de las disposiciones de este reglamento se aplicarán 24 meses después de su entrada en vigor y se espera que su proceso de aprobación —que incluye consultas nacionales a los países — tome entre 6 y 24 meses. No obstante, algunas disposiciones específicas tendrán un plazo más corto para el inicio de su vigencia, como las relacionadas con los sistemas categorizados como “prohibidos”.

El reglamento define sistema de Inteligencia Artificial como “aquel que opera con elementos de autonomía y que, basándose en datos y entradas obtenidos de humanos o máquinas, infiere cómo alcanzar los objetivos propuestos, usando para ello técnicas basadas en el aprendizaje-máquina o en lógica y conocimiento, lo que genera como salida contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en el entorno con el que el sistema interactúa.

El reglamento establece una jerarquía de riesgos en función del uso de la IA y, sobre las categorías detectadas, establece una serie de obligaciones.

Más sobre PI: Registrar una marca 3D en Chile; errores comunes y desafíos de la Ley Corta de Propiedad Intelectual

Asimismo, define proveedor como la persona física o jurídica o entidad pública que desarrolla o para quien se desarrolla un sistema de IA y lo pone en servicio o lo comercializa bajo su nombre o marca, mediando un pago o no.

Su ámbito de aplicación se extiende a proveedores de sistemas de IA que se pongan en servicio o comercialicen dentro de la UE o cuya salida se utilice en la UE, independientemente de su origen, y a s definidos como la persona física o jurídica, pública o privada, bajo cuya autoridad se utilice el sistema.

Resulta interesante que el propio reglamento establece excepciones a su ámbito de aplicación, tratándose de autoridades públicas de terceros países o de organizaciones internacionales, cuando utilicen sistemas IA en el ámbito de la cooperación policial o judicial, con la UE o sus Estados . Tampoco se aplica a los sistemas de uso militar o utilizados en el contexto de la seguridad nacional.

De interés: Recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos, la agenda de la Conferencia Diplomática OMPI

El objetivo principal de esta ley es garantizar un entorno seguro y ético para el desarrollo y despliegue de la IA en la UE. Es menester destacar el énfasis que hace el reglamento con un enfoque de clasificación de los sistemas sobre la base de potencial de riesgo, en cuatro grupos:

Sistemas de Riesgo Inaceptable.
Sistemas de Alto Riesgo.
Sistemas de Riesgo Limitado.
Sistemas de Riesgo Mínimo.

Así las cosas, los sistemas de IA considerados de riesgo inaceptable son aquellos que podrían causar un daño significativo o infringir derechos fundamentales, como aquellos que manipulen el comportamiento humano, sistemas de vigilancia masiva y sistemas que permiten realizar una eventual discriminación social. Estos sistemas están totalmente prohibidos por la ley.

Los sistemas considerados como de riesgo alto son aquellos que pueden impactar significativamente los derechos y seguridad de los ciudadanos, tales como sistemas de transporte y energía, herramientas de reclutamiento y evaluación de desempeño, reconocimiento facial, dispositivos médicos o sistemas para la educación. Este tipo de sistemas de alto riesgo están sujetos a estrictos requisitos de transparencia, supervisión y seguridad, y para esa supervisión y monitoreo se han creado organismos encargados de esas tareas como veremos más adelante.

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Los sistemas cuyos riesgos son considerados como de un nivel limitado serán aquellos que interactúan directamente con humanos, tales como asistentes virtuales o plataformas con sistemas de IA que proporcionen información y recomendaciones. Este tipo de sistemas deben operarse en cumplimiento de ciertas obligaciones de transparencia para garantizar que los s estén informados sobre su uso.

Finalmente, los riesgos más leves, llamados sistemas de riesgo mínimo, serán los que presenten un riesgo casi nulo para propiciar una violación de los derechos fundamentales del ser humano, tales como filtros de spam, sistemas utilizados en videojuegos y automatizaciones básicas.

La normativa también establece un marco de gobernanza para la supervisión de los sistemas de IA en la UE. Esto incluye la creación de un Comité Europeo de Inteligencia Artificial, que supervisará la implementación de la legislación y proporcionará orientación sobre cuestiones relacionadas con la IA.

Existirá al menos una autoridad nacional notificante y otra autoridad de supervisión de mercado, estas serán competentes para los propósitos del reglamento. Las autoridades de supervisión de mercado están encargadas de monitorear y supervisar el correcto funcionamiento, ya en mercado, de sistemas de IA de alto riesgo, identificando riesgos sobrevenidos, incidentes u otras situaciones que exijan tomar medidas sobre los sistemas de IA de alto riesgo.

Más sobre IA: Los límites que ChatGTP tiene frente a la protección de datos y la propiedad intelectual de las personas

Regulación sandbox

Un aspecto interesante que contiene este marco normativo es la posibilidad de adoptar medidas de apoyo e innovación a través de sandboxes. Es decir, las autoridades nacionales pueden crear sandboxes regulatorios para desarrollar, entrenar, probar y validar sistemas IA bajo su guía, supervisión y soporte.

La Comisión puede regular, mediante actos de ejecución, los procedimientos de planteamiento y ejecución, incluyendo elegibilidad, solicitud, selección, participación, seguimiento y salida. La participación en un sandbox tendrá un límite temporal en función de la escala del proyecto. Se basará en un plan específico en el que los participantes que lo respetan y se sujetan a la guía de las autoridades estarán exentos de sanciones istrativas por infracciones legales relativas al sistema supervisado en el sandbox.

Dentro del sandbox, y cumpliendo las condiciones que se establecen, se podrán tratar datos personales obtenidos para otros propósitos si son imprescindibles para el desarrollo de sistemas de interés público sustancial, por ejemplo, en salud, medio ambiente, sostenibilidad energética, movilidad, calidad del servicio público y seguridad de infraestructuras críticas.

Otras opiniones: El uso de la IA para generar nuevas estrategias de mercadeo dentro de las empresas

Régimen sancionatorio

Para asegurar el cumplimiento de la legislación, este reglamento establece sanciones severas ante la violación de su articulado. Las multas pueden alcanzar hasta los 35 millones de euros, o bien 7 % de facturación global anual de la empresa que sea infractora, el elemento que sea mayor será el aplicable.

Esta aplicación de sanciones marca la pauta y sirve de punta de lanza para enviar un mensaje directo respecto de la seriedad e importancia que le está dando la UE a la regulación de la IA.

Si bien la aplicación de esta ley es en el contexto europeo, es previsible que su impacto se extienda más allá de sus fronteras, ya que estamos ante la primera regularización normativa que permite proteger los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos ante el uso de sistemas de inteligencia artificial, pero también sienta un precedente mundial respecto de la implementación de esta normativa, que servirá para marcar la pauta de áreas de mejora para otras leyes que sin duda se promoverán a nivel global.

*Hernán Pacheco es socio líder de EY Law Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

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