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¿Cómo impacta al mundo la integración del Bitcoin al sistema financiero de EE. UU.? Otra estrategia geopolítica de Trump 81m1d

Tue, 10 Jun 2025 14:39:42 +0000

¿Cómo impacta al mundo la integración del Bitcoin al sistema financiero de EE. UU.? Otra estrategia geopolítica de Trump

La creación de una reserva estratégica de bitcoins permitiría a Estados Unidos reducir su deuda pública hasta en 35 %.

Jesús Hurtado Tue, 10/06/2025 - 10:39

Desde que asumió el poder, Donald Trump ha reiterado que la nueva política de la Casa Blanca sobre los criptoactivos apunta a hacer de éstos una moneda de uso común no solo en las transacciones ordinarias, sino para el manejo de las finanzas públicas, una estrategia que algunos analistas describen como una estrategia geopolítica para afianzar al dólar como sustento de la economía global.

El gobierno estadounidense ha seguido directrices en este sentido: por un lado, a principios de marzo firmó una orden ejecutiva para crear la reserva estratégica de criptomonedas, un fondo que se capitaliza con bitcoins propiedad del gobierno federal que han sido incautados en procesos judiciales, así como los que comprarán en los próximos cinco años a fin de establecer una bolsa con, al menos, un millón de bitcoin.

Adicionalmente, la Casa Blanca y el Congreso han acelerado el paso para promulgar el entramado regulatorio que permita viabilizar la economía digital, a la par de dejar sin efecto muchas de las acciones de la istración de Biden, entre ellas las varias demandas de la SEC contra actores del ecosistema cripto, con lo cual se vislumbra una total apertura al sistema financiero tradicional.

Debes leer: Ley de Emisión de Activos Digitales abre nuevos caminos de financiamiento en El Salvador

La apertura como un paso natural

En un giro de 180 grados respecto a la posición que tuvo en su primer mandato respecto a los criptoactivos, durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió convertir al país en “una superpotencia del bitcoin”, adoptando su uso de manera irrestricta, una oferta que le ganó votos entre los promotores de este mercado y aportes a su cruzada electoral.

Al margen de ello, los analistas creen que la apertura del mundo financiero a la economía cripto era cuestión de tiempo no solo por la presión misma del mercado, sino porque ya muchas firmas financieras están utilizando la tecnología blockchain para llevar sus productos a un público cada más amplio y disgregado, consiguiendo, de paso, más eficiencia y reducir costos operativos.

“Si los reguladores estadounidenses abordan los riesgos comunes relacionados con la blockchain y los criptoactivos podría llevar a una mayor adopción de estas tecnologías por parte de instituciones financieras más tradicionales, como los bancos y a una aplicación más amplia de la tecnología en la economía estadounidense y más allá”, dice Tracy Combs, socia codirectora de la oficina de Salt Lake City de Greenberg Traurig.

Su colega José Ignacio Rivero, socio en la oficina mexicana del despacho español Pérez-Llorca, coincide con esta opinión, al asegurar que la apertura que se ha visto en las autoridades estadounidenses hacia los activos digitales en general puede marcar un punto de inflexión en su integración al sistema financiero formal.

“Si esta tendencia se consolida, es previsible una mayor participación institucional, más liquidez en los mercados y un avance en la estandarización de productos financieros basados en blockchain”, expresa.

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Contexto

Los cambios han sido evidentes. Apenas tomó posesión, Donald Trump dio los primeros pasos para cumplir su ofrecimiento al crear la Fuerza de Tarea Cripto, un grupo de trabajo de la Securities and Exchange Commission (SEC) encargado de diseñar el nuevo marco regulatorio de los criptoactivos, en conjunto con el Congreso.

Aunado a este anuncio, la salida de Gary Gensler de la presidencia de la SEC, el organismo regulador del mercado financiero comenzó a dar marcha atrás a varias demandas iniciadas por el Gobierno anterior contra empresas y personas vinculadas al ecosistema cripto, sobre los cuales pesaban juicios por contravenir las leyes vigentes.

Es así como importantes actores del mercado como Kraken, Coinbase, Consenus, Circle, Inmmutable y, más recientemente Binance y todo su ecosistema financiero (incluido su exCEO, Changpeng Zhao), han sido exculpados de cometer delitos financieros, con lo cual no solo se les permite la libre operación en el mercado estadounidense, sino que auspicia nuevos horizontes para la industria cripto.

“Esto va mucho más allá de la justicia hacia Binance, se trata de abrir las puertas a una adopción más amplia, más seguro y caminos más claros para los creadores en todas partes”, comunicó Binance tras conocer la desestimación a finales mayo.

Además, desde la salida de Gesler, la SEC ha dado un vuelco a muchos de supuestos que privaron hasta ahora, cambiando el estatus de ciertas clases de criptoactivos y declarando, por ejemplo, que las memecoins y algunas stablecoins no son valores, lo cual trae a colación un nuevo debate sobre si se trata de valores o materias primas, lo que, a su vez, lleva al dilema de cuál es el organismo idóneo para su regulación.

“Queda por verse cómo estas diversas propuestas y directrices se combinarán para crear un marco regulatorio”, dice Tracy Combs.

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Estratégica reserva

La reserva de bitcoin creada por Donald Trump tiene una vertiente que va mucho más allá del plano meramente ahorrativo: ayudar a reducir la cuantiosa deuda pública de Estados Unidos, calculada hoy en más de 37 billones de dólares, monto que se prevé alcance para 2030 los USD 44 billones.

Detrás de esta iniciativa está la senadora republicana Cynthia Limmis, quien sostiene que adquirir y mantener un millón de BTC durante dos décadas podría reducir a la mitad la deuda nacional, proponiendo para ello la compra de 200.000 bitcoin anuales durante cinco años, lo que representa el 5 % del suministro total de esta criptomoneda.

El planteamiento de expertos y políticos difiere de la forma tradicional como operan las reservas de petróleo y oro del gigante americano, que las utiliza para equilibrar y bajar los precios cuando se dan alzas muy pronunciadas.

En el caso de los activos digitales, la lógica es más sencilla, pues se trata de una simple acumulación de una moneda que, si bien es inestable en su cotización diaria, ha demostrado un poder de revalorización como ningún otro activo. De hecho, en los últimos ocho meses, el bitcoin prácticamente ha duplicado su valor, al pasar de 56.000 dólares en septiembre de 2024 a 110.000 dólares al cierre de mayo de 2025.

Al respecto, un análisis de la firma de gestión de activos Van Eck, fechado en diciembre de 2024, señala que, si EE. UU. adquiere bitcoin a un precio promedio de USD 100.000 hasta completar la reserva de un millón de dólares a una tasa compuesta de apreciación de 25 % anual, para 2049 esa reserva podría representar 35 % de la deuda nacional.

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Manejo geopolítico

Más allá de masificar su uso, la apertura del gobierno de Estados Unidos a los activos digitales tendría un fuerte componente geopolítico, pues la istración Trump parece haber comprendido que hacer de las stablecoin parte de la masa monetaria apalancaría al dólar como moneda dominante en el comercio mundial, a través de la emisión de stablecoin basadas en la moneda fiduciaria.

Este mecanismo, al tiempo de incrementar el flujo de recursos que vendrían a dinamizar la economía en general, permitirá que compradores de otras latitudes adquieran dólares digitalizados incluso sin que medie un acuerdo bilateral, con lo cual la moneda americana se afianzará como soporte fiduciario en cualquier jurisdicción.

Además, la inminente aprobación de una ley que permitirá a las empresas privadas emitir sus propias stablecoin tendrá efecto directo en la deuda, pues una de las cláusulas previstas para permitir la emisión es que parte de los recursos sean utilizados en la compra de deuda pública estadounidense, evitando la emisión de más papeles y ayudando a reducir el déficit.

Nota relacionada: Suspensión de la FA: ¿Qué efectos tendrá que Trump haya suspendido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero?

Entre leyes

Como ocurre con todo lo disruptivo, muchos de los productos de la economía digital han chocado contra la pared de la falta de leyes que los regulen, lo que llevó al gobierno de Joe Biden a aplicar normas generales del sistema tradicional para reglamentar servicios financieros inéditos, con resultados poco alentadores para los partidarios de la tecnología.

Al respecto, José Ignacio Rivero señala que la adopción de normas ya establecidas ha creado cierta incertidumbre, ya que no siempre está claro qué reglas aplican ni cómo deben cumplirse, razón por la cual cada vez hay mayor consenso en la necesidad de una regulación clara y moderna que dé certeza a todos los actores involucrados.

De allí que, si bien desde hace varios años las dos cámaras del Congreso de EE. UU. vienen analizando diferentes proyectos de leyes relacionados con criptomonedas, stablecoin y hasta un hipotético dólar digital, el regreso de Trump a la Oficina Oval ha acelerado el ritmo de propuestas de leyes, al punto que ya superan la docena, entre las cuales destacan:

Clarity Act (H:R:4766): ley bipartidista que establece requisitos claros para los emisores de stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria. Propone, además, poner fin a la supervisión de los criptoactivos por parte de la SEC y transferir ese poder regulatorio a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Ley Genius: normativa para regular las stablecoins de pago, exigiendo exige que estén completamente respaldadas, tengan auditorías de seguridad y la aprobación de reguladores federales o estatales. Solo las entidades con licencia pueden emitir stablecoins y restringe las variantes algorítmicas.
Ley de Innovación y Tecnología Financiera para el Siglo XXI (FIT21): también busca otorgar una autoridad regulatoria clara a la SEC y la CFTC. Describe cómo las criptomonedas pueden alcanzar el estatus de reguladas por la SEC y define las responsabilidades de la SEC con respecto a los activos digitales.
Ley BRIDGE de Activos Digitales (H.R.9579): establece el Comité Asesor Conjunto sobre Activos Digitales, copresidido por la CFC y la SEC. Este brindará asesoramiento sobre normas, regulaciones y políticas relacionadas con los activos digitales, con el objetivo de armonizar los enfoques regulatorios entre la CFTC y la SEC.
Ley Lummis-Gillibrand de stablecoin (S.4155): otra ley que busca ser el marco regulatorio para las stablecoin, garantizando su respaldo en reservas uno a uno. Prohíbe la emisión de monedas estables algorítmicas sin respaldo e incluye medidas para proteger a los consumidores.
Ley Estatal Anti-Vigilancia de CBDC (H.R.5403): impide que la Reserva Federal emita dólares digitales (CBDC) directamente o a través de intermediarios a particulares. Aborda las preocupaciones sobre la privacidad financiera y la vigilancia gubernamental.
Ley de Estructura del Mercado de Activos Digitales y Protección del Inversor (H.R.5745): prevé que los activos digitales deben crearse electrónicamente, tener un historial de transacciones seguro y ser transferibles mediante un método descentralizado.
Ley de Integridad Blockchain (H.R.8266): impone una moratoria de dos años a las instituciones financieras que gestionan, utilicen o realicen transacciones con fondos canalizados a través de plataformas de activos digitales.

Además, estados como Arizona, New Hamshire y Texas ya cuentan con legislaciones para regular las criptomonedas y otros activos. Se espera que otros estados promulguen este año sus propias normativas para manejar esta materia.

“Una ley bien diseñada podría ofrecer certeza jurídica, mejorar el a servicios financieros innovadores y fortalecer la posición global de EE. UU. en el ecosistema cripto”, puntualiza Rivero.

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Brasil refuerza estrategias para consolidarse como principal mercado del gas natural en la región j1ms

Sat, 17 May 2025 00:22:28 +0000

Brasil refuerza estrategias para consolidarse como principal mercado del gas natural en la región

Desarrollar la infraestructura para el aprovechamiento de la riqueza gasífera es la meta que se plantea el sector.

Jesús Hurtado Fri, 16/05/2025 - 20:22

Con un enorme potencial oculto, principalmente, en su lecho marino, el crecimiento experimentado en los últimos años por el sector gasífero brasileño ha sido exponencial y se prevé que mantenga ese ritmo, en atención a la estrategia gubernamental de convertirla en una de las más sólidas del mundo.

Esta situación, no obstante, impone una serie de importantes desafíos, en especial relacionados con las regulaciones y las fuertes inversiones necesarias para desarrollar todas las áreas del negocio, lo cual demanda la participación de un sector privado ávido de seguridad y garantía para sus capitales.

La promulgación de una nueva legislación, en 2021, y más recientemente de su regulación en 2024, han allanado el camino para que esta participación privada se concrete, pese a lo cual persisten problemas estructurales que ralentizan el despegue de una actividad vital para la octava economía del mundo.

Te conviene leer: Ley nº 15.040/2024: ¿Qué implica el nuevo marco legal de seguros de Brasil para el crecimiento del sector?

Crecimiento asegurado

Al cierre de 2024, las reservas probadas de gas de Brasil ascendieron a 546.020 millones de metros cúbicos, un 5,17 % por encima de lo estimado en 2023, según datos de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP).

La estatal también señala que la producción de gas natural alcanzó en 2024 un promedio anual de 153 millones de metros cúbicos al día (Mm3/d), 2 % más que los 150 Mm3/d extraídos en 2023, mientras que las previsiones para este año rondan en torno a los 187 Mm3/d de gas natural, lo que supone un alza de 22 %.

“La industria del gas en Brasil es un mercado relevante, con enorme potencial de crecimiento. Contamos con producción, infraestructura instalada de tratamiento, regasificación, transporte y distribución, así como un gran mercado de consumo”, dice João de Almeida, socio de las áreas M&A y petróleo y gas en Demarest.

El importante impulso en la producción de gas se ha sustentado en un alza del consumo residencial por el crecimiento poblacional, una mayor utilización para la producción industrial y, en modo particular, para su utilización en la generación de energía pues, aunque el potencial hidroeléctrico de Brasil es incuestionable, los largos períodos de sequía han hecho volcar la atención hacia otras fuentes energéticas, entre ellas el gas.

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El impulso legal

Si bien varios gobiernos han apoyado a la industria brasileña de los hidrocarburos, sancionado leyes referidas al sector, el real impulso para el segmento gasífero llegó en 2021 con la promulgación de la Ley 14.134/2021 o Ley del Gas, instrumento jurídico que posibilitó el inicio de la necesaria apertura al capital privado.

De hecho, tras su promulgación se han visto importantes avances, siendo el más destacado el proceso de apertura de Petrobras, acometiendo desinversiones y privatizaciones de infraestructuras de transporte y distribución que estuvieron siempre bajo égida, permitiendo la entrada de nuevos actores al mercado.

Esto trajo como consecuencia un auge de la producción y la puesta en marcha de proyectos para el procesamiento tanto del gas producido en el país como importado, así como de una completa red de regasificación nacional que sigue ampliándose.

Otro impulsó llegó en 2024 con el Decreto 12.153/2024, regulación que profundizó la apertura en actividades como el transporte, el tratamiento, almacenamiento, licuefacción y comercialización del gas, apetecibles bocados para los empresarios locales y extranjeros interesados en probar las mieles de la abundancia carioca.

“La nueva ley del gas fue un gran avance. Aún queda pendiente una parte relevante, que es la reglamentación, especialmente por parte de la ANP… En los próximos años será necesario resolver algunas discusiones regulatorias relevantes, ya que es esencial que los inversores tengan seguridad jurídica”, dice Almeida.

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Cuellos de botella

Pese a todo este avance, persisten cuellos de botella que crean dudas respecto a que se mantenga el ritmo de crecimiento percibido hasta ahora en el sector. Entre los problemas destaca la evidente ralentización de la economía brasileña (que este año crecerá la mitad de lo alcanzado en 2024), un precio muy elevado respecto al vigente en otros países, e inversiones muy por debajo de las expectativas y necesidades.

Otro tema que preocupa a las empresas del área es el elevado volumen de gas que se destina a la reinyección de pozos petroleros, tomando en cuenta que cerca del 70 % de la oferta general (54 % del gas extraído en país y una parte significativa del importado) es revertido para mantener el flujo de crudo, reduciendo el volumen que podría ser comercializado tanto en el mercado interno como de exportación.

Algunos analistas señalan que esta situación obedece no solo a una estrategia para maximizar la extracción de petróleo, cuya rentabilidad es mucho mayor, sino a la falta de infraestructura para absorber la producción nacional, una tesis que entra en contradicción con aumento que han experimentado las importaciones de este recurso, que el año pasado crecieron alrededor de 7 % respecto al 2023.

En este sentido, João de Almeida señala que el empuje de la industria pasa por el desarrollo de infraestructura destinada al aprovechamiento del gas, entre ellos proyectos de generación de energía con consumo continuo, además de mejorar las condiciones tributarias que se ofrecen a las empresas del área.

Asegura además que, si bien el papel del gobierno es fundamental en lo que respecta a la parte regulatoria/legislativa, la ley y la regulación por sí solas no son suficientes para crear el deseado nuevo mercado del gas con liquidez y precios más asequibles para los consumidores finales (particularmente en el sector industrial), sino que es preciso realizar cuantiosas inversiones para desarrollar más infraestructura.

Al respecto, solo la estatal Petrobras anunció la inversión este 2025 de 600 millones de dólares al sector energético del gas, ello sin contar que en producción para exploración y producción de hidrocarburos invertirá USD 15.100 millones.

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Bolivia y Argentina dentro de la ecuación

Antes de que Brasil descubriera y comenzara a explotar los ricos yacimientos de petróleo y gas del presal costa afuera, Bolivia tenía en su gigantesco vecino el destino seguro para sus exportaciones de gas, enviando alrededor de 15 millones de metros cúbicos al día, cerca de la mitad de su producción total, a través de una robusta red de gasoductos. Pero esa realidad cambió.

El declive de la extracción boliviana y la irrupción de Argentina como nueva meca del gas en el cono sur, hizo que Brasilia desviara la mirada hacia los ricos yacimientos de Vaca Muerta que, pese a estar muy lejos de los grandes centros productivos brasileños, tiene en su competitivo precio el estímulo necesario para vencer este y otros obstáculos.

Es así como desde abril de 2025 y tras la reconversión de los ductos que por años abastecieron con gas boliviano a los argentinos, el hidrocarburo extraído en la patagónica provincia de Neuquén fluye hacia el país del altiplano, donde conecta con el sistema que durante décadas han llevado gas a Brasil, posibilitando una triangulación que permite alimentar los generadores cariocas ubicados a más de 2.800 kilómetros de distancia.

Esta reingeniería se sustenta en las nuevas normativas sectoriales, que permiten la entrada de privados en eslabones de la cadena comercial tradicionalmente manejados por Petrobras, y aunque la estatal petrolera mantiene su hegemonía, se espera que en el mediano y largo plazo su presencia disminuya.

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Exitosa triangulación

Ahora bien, si Brasil cuenta con una de las mayores reservas de gas de la región ¿por qué debe importar gas argentino? Todo es cuestión de costos.

De acuerdo con la ANP, más del 84 % del gas brasileño está asociado a la extracción petrolera del presal, yacimientos ubicados bajo gruesas capas de sal a 7.000 metros de profundidad en el lecho marino y a unas 200 millas de la costa, por lo que su extracción revista gran complejidad.

“Perforar en sal es muy difícil, mucho más que en roca sólida, y más si se trata de yacimientos en aguas profundas, donde el lecho está miles de metros por debajo del nivel del mar. Eso hace que la producción de gas en esos yacimientos sea muy costosa”, afirma Iván Rodríguez, ingeniero geodésico especializado en perforaciones petroleras offshore.

Se trata de una triangulación en la que todos ganan: Argentina, que mandará a su nuevo cliente mercado para dos millones de metros cúbicos diarios y prevé elevar la cifra a 30 Mm3/d para 2030; Brasil, porque comprará gas a un costo 50 % por debajo del precio promedio actual de USD 14 por BTU; y Bolivia, que obtendrá nos USD 200 millones por alquilar una red de gasoductos actualmente subutilizados.

“El desafío de utilizar las reservas brasileñas está relacionado con la infraestructura necesaria para su exploración. A menudo el coste que supone su implantación no hace viables estos proyectos. En otros casos, la burocracia, el riesgo país, los problemas de licencias y la incertidumbre jurídica terminan ahuyentando las inversiones o haciendo que su implementación sea muy laboriosa”, dice Almeida.

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Futuro prometedor

Si aun con los inconvenientes estructurales que enfrenta la industria gasífera brasileña está viviendo momentos de pleno auge, los expertos no dudan en considerar que su futuro está más que asegurado.

“Creo que el gas será el camino hacia la transición energética en Brasil. Como ocurre con muchos otros sectores, nos llevará mucho más tiempo lograr un desarrollo amplio. En cualquier caso, existe la conciencia de que la inversión en gas es un camino sin retorno y habrá que encontrar soluciones para que el mercado se desarrolle”, ratifica el abogado.

No obstante, para garantizar el éxito a la hora de involucrarse en un proyecto, el vocero de Demarest precisa que los actores actuales o potenciales deben prestar especial atención a los aspectos contractuales y regulatorios del negocio, así como identificar claramente la asignación de riesgos en los proyectos y tener claridad sobre lo establecido al respecto en la reforma tributaria.

“Éste es un momento de oportunidades, y quienes sepan anticiparse y posicionarse hoy probablemente se beneficiarán de mejores oportunidades en el futuro”.

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Ley de Emisión de Activos Digitales abre nuevos caminos de financiamiento en El Salvador 5e414

Wed, 30 Apr 2025 19:44:11 +0000

Ley de Emisión de Activos Digitales abre nuevos caminos de financiamiento en El Salvador

La agroindustria y el inmobiliario son los primeros sectores de la economía salvadoreña que han incursionado en el mundo de las finanzas digitales al amparo de la LEAD.

Jesús Hurtado Wed, 30/04/2025 - 15:44

Cuando en su primer mandato el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planteó hacer de la pequeña nación centroamericana un punto de referencia en materia de finanzas digitales, los comentarios adversos no se hicieron esperar, algo que era lógico pensar al tomar en cuenta que su propuesta involucra a un país donde más del 70 % de la población no estaba bancarizada.

Pese a ello, el gobierno mantuvo su apuesta y promovió algunas de las leyes más avanzadas que se hayan aprobado en esta parte del mundo para incentivar el uso de la tecnología en el quehacer económico, con lo cual se abrió espacio para el desarrollo de inéditas formas de inversión y financiamiento que, con el paso del tiempo, parece que comienzan a consolidarse.

“El gobierno ha apostado a la competitividad y la innovación, y para ello ha promovido leyes que fomentan el desarrollo de nuevas tecnologías… Esto ha generado otro tipo de inversiones en el país, donde ya estamos viendo algunas transacciones”, afirma Roberta Gallardo, socia de la oficina en El Salvador del bufete centroamericano Arias.

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Con visión de futuro

Punta de lanza de esa transformación del hecho financiero en El Salvador es la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), propuesta por el gobernante en 2022 y aprobada por el Parlamento pocos meses después, con la cual se busca consolidar y proteger los derechos de los emisores y compradores de activos digitales.

Presentada inicialmente como sustento para la venta de bonos destinados a la construcción de la hipotética Bitcoin City, la LEAD establece el marco legal para las operaciones de transferencia a cualquier título de activos digitales utilizados en la emisión de ofertas públicas, así como regula los requisitos y obligaciones de los emisores, proveedores de servicios y otros participantes que operen dentro del proceso de ofertas públicas.

Entre otras ventajas, la normativa permite reducir los costos del financiamiento, lo que posibilita el a recursos que suelen ser prohibitivos para muchas pequeñas empresas y emprendimientos, al tiempo de democratizar la participación de financistas no tradicionales y pequeños nuevos inversores.

Además, la ley ofrece importantes beneficios fiscales, entre ellos exenciones en el pago de tributos e impuestos sobre el valor nominal y los rendimientos de los activos involucrados, sobre la ganancia de capital o renta ordinaria obtenida. Entre otros, los emisores, certificadores y proveedores de servicios de activos digitales registrados están exentos del IVA, Renta, impuestos municipales o cualquier otro tributo; beneficios que también se aplican a los socios de las compañías involucradas.

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Primeros frutos

Un año después de haber sido aprobada, la LEAD dio sus primeros frutos. A finales de 2023, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) autorizó la primera oferta pública de este tipo de activos: el $ESOY, un token emitido por la corporación agroindustrial eGrains respaldado por los derechos económicos resultantes del comercio de un bushel (medida de 14,5 kilos) de soja. La emisión se hizo por 100 millones de dólares.

Los alcances de la normativa han seguido expandiéndose a otros sectores económicos y recientemente fue inaugurado un complejo de bodegas industriales cuya construcción estuvo en parte apalancada en activos digitales emitidos por la promotora inmobiliaria que respaldó la obra.

Roberta Gallardo recuerda que esto ha sido posible gracias a que nuevos actores en la vida económica nacional dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías, se han acogido a la Ley de Emisión de Activos Digitales y han recibido los beneficios que esta normativa brinda, creando condiciones idóneas para el aterrizaje de capitales que de otra manera no entrarían al país.

El promotor inmobiliario Burgo de Osma y la fintech MIO3 son las primeras empresas salvadoreñas en ampararse bajo la LEAD, que ha servido de paraguas al momento de “tokenizar” el levantamiento de capital necesario para construir el complejo de bodegas Cobodosa, ubicado en el distrito de Zaragoza, en la zona de influencia de Surf City, el proyecto turístico lanzado por el gobierno para atraer a practicantes de este deporte acuático.

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El proceso

Echando mano de la tecnología financiera, los ejecutores de la obra obtuvieron, a través de la colocación de los tokens, un tercio de los 21 millones de dólares que demandó la construcción de los 10 locales industriales, vendidos igualmente a través de plataformas digitales.

"La adopción de activos digitales ha fortalecido la confianza que inversionistas y compradores tienen en el mercado inmobiliario", dijo en su momento Julio Valdés, CEO de MIO3, fintech encargada de viabilizar el proyecto.

Esta innovadora fuente de financiamiento permitió a los desarrolladores conseguir en tiempo récord los fondos necesarios, pues en apenas un año se acometió la estructuración de la inversión en tokens y la construcción del complejo industrial, que ya estaba vendido antes de culminar las obras.

Para ello, MIO3 creó un activo digital atado a la propiedad del terreno donde se construirían las bodegas, se puso en venta a interesados de todo el mundo, pero, en este caso, en una oferta cerrada que fue captada por dos fondos de inversión internacionales. De esta manera, se evitó acudir a un banco o entidad financiera para conseguir los fondos o como entidades de respaldo en una hipotética emisión de deuda.

Además de un título de propiedad emitido por el Centro Nacional de Registros, los compradores de cada bodega, cuentan con un activo digital inscrito en la blockchain, lo que, de acuerdo con los promotores, hará mucho más sencillo y rápido una posible venta o el traspaso de la propiedad, que igualmente puede ser rentabilizada a través de procesos basados en la plataforma digital.

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La ventaja fiscal

Además de la rapidez en la consecución de recursos para agilizar la construcción del proyecto, acogerse a la LEAD ofrece prebendas fiscales más que apetecibles, al exonerar del pago de tributos e impuestos durante todo el proceso y a todos los involucrados.

De hecho, acogerse a esta variante del fondeo evita pagar el 30 % de las ganancias que por ley debe ser cancelado como Impuesto sobre la Renta, el 5 % del IVA y todos los restantes impuestos y gravámenes que deben pagarse a lo largo de todo el proceso, por lo que en teoría estos pagos no incidirán en el encarecimiento de los inmuebles en venta.

Y no hay que olvidar que todas esas exenciones son extensibles a los dueños y socios de las empresas involucradas.

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Vienen por más

Ante el éxito alcanzado por ese pionero proyecto inmobiliario ejecutado al amparo de la LEAD, otros inversionistas han comenzado a voltear su mirada hacia el fondeo digital, entre ellos una promotora que está ofreciendo sus tokens para la construcción del primer conjunto residencial en Centroamérica financiado con activos digitales.

Para levantar el complejo de 297 apartamentos que estará ubicado en Sayapango, una ciudad satélite cercana a la capital San Salvador, la constructora Calidad Inmobiliaria buscará los fondos de la mano de MIO3, que nuevamente asumirá el reto de estructurar la financiación sobre la plataforma blockchain.

Por otra parte, bajo el amparo de la LEAD, recientemente la CNA emitió la autorización al Banco Atlántida para operar activos digitales en El Salvador, con lo cual la institución financiera originaria de Honduras abre un nuevo capítulo para la estructuración de fondeo accesible a cualquier sector de la economía, al ofrecer a sus clientes la posibilidad de emitir activos digitales para apalancar sus proyectos.

De acuerdo con información suministrada por voceros del banco, la institución ha creado un completo ecosistema de servicios digitales para encargarse no solo de la emisión de activos, sino de comercializarlas a través de una exchange que permite el intercambio de tokens, además de servir de custodio.

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Ley nº 15.040/2024 50ox ¿Qué implica el nuevo marco legal de seguros de Brasil para el crecimiento del sector?

Tue, 25 Feb 2025 22:35:06 +0000

Ley nº 15.040/2024: ¿Qué implica el nuevo marco legal de seguros de Brasil para el crecimiento del sector?

Este año, las empresas dedicadas a la actividad deben ajustarse a la normativa, que fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso.

Ingrid Rojas Tue, 25/02/2025 - 18:35

El mercado asegurador brasileño tuvo un desempeño positivo el año pasado. Entre enero y noviembre de 2024, los ingresos del sector aumentaron 12,4 % con respecto al año anterior, en diversos ramos, entre ellos seguros personales y daños y responsabilidad civil, de acuerdo con la Superintendencia de Seguros Privados (Susep). También creció el segmento de salud complementaria que —según la Agencia Nacional de Salud Complementaria (ANS)— repuntó 12,7 % al cierre del tercer trimestre en relación con igual período de 2023. En total, los ingresos para las empresas del sector fueron de 108,7 millones de dólares (627,3 billones de reales al 25 de febrero) en ambos periodos.

Se espera que ese crecimiento se refleje también este año y con un crecimiento en 10,1 %, con participación equivalente al 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), según proyecciones de la Confederación Nacional de Compañías de Seguros Generales, Pensiones Privadas y Vida, Salud Complementaria y Capitalización (CNseg).

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En este crecimiento ha sido clave la búsqueda de protección por parte de la población, pero también la actuación de las aseguradoras, pues han sabido sortear las fluctuaciones del tipo de cambio y el incremento de las tasas de interés ante el aumento de la inflación, con productos y servicios personalizados y enfocados en ciertos nichos. Pero, en medio del buen desempeño que muestra el mercado asegurador brasileño en los últimos años y después de dos décadas, en diciembre pasado el Congreso aprobó el marco legal de seguros (Ley nº 15.040/2024), que deroga el capítulo del Código Civil que trataba del contrato de seguros. ¿Cómo impactará el crecimiento del sector la normativa?

“Los seguros masivos continúan expandiéndose, ya sea facilitando la colocación de productos a través de plataformas digitales o mediante la simplificación de diversos productos que benefician a los asegurados pequeños y medianos. Este impulso aún no está saturado y tiende a continuar hasta 2025”, manifiesta Pedro Souza, socio de SABZ.

A decir del abogado, el aumento de los desastres climáticos en Brasil conlleva una mayor percepción de riesgo por parte de la población y los gobiernos, por lo que se cree que habrá productos innovadores para atender estos casos, incrementando la contratación en el corto y mediano plazo. El especialista además espera que aplique lo mismo para los riesgos cibernéticos de nivel bajo y medio.

Mientras, proyecta que los seguros de grandes riesgos, tenderán a mantenerse estables, sin crecimiento, ya sea por la ausencia de proyectos grandes o por las complejidades que trae la nueva ley. Incluso, cree que los seguros de grandes riesgos pueden sufrir algún tipo de reducción en su capacidad y apetito por parte de actores globales hasta que se comprenda plenamente el alcance de los cambios presentados.

Souza observa también que las oportunidades de fusiones y adquisiciones se encuentran principalmente en el entorno de comercialización de seguros (agentes, corredores online y otros tipos de contratos de distribución de productos que han surgido en los últimos tiempos). En el contexto de las compañías de seguros, existe la posibilidad de fusiones entre compañías de seguros que tengan como objetivo aumentar la participación de mercado en las carteras masivas.

Para André Alarcon, socio de las áreas de fusiones y adquisiciones, seguros y reaseguros de Demarest Advogados, considerando la dinámica actual del mercado asegurador, con la creciente especialización de las aseguradoras en determinados productos y nichos de mercado, las fusiones y adquisiciones y las operaciones de compra y venta de carteras tenderán a intensificarse en el corto y mediano plazo.

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Novedades del marco legal

Laura Pelegrini, socia del área de Seguros, Reaseguros, Pensiones Privadas y Salud Complementaria, también de Demarest, comenta que la Ley nº 15.040/2024 regula el contrato de seguros de forma muy completa y resalta los procedimientos de regulación y liquidación de los siniestros, los plazos de prescripción y la contratación del reaseguro como los cambios más significativos.

Conceptualmente se realizaron varios ajustes que favorecen al asegurado, desde una perspectiva de protección al consumidor al exigir, por ejemplo, mayor claridad en la estipulación de los riesgos excluidos y una interpretación más favorable al asegurado, cuando existan dudas sobre el texto aplicable, señala Souza, quien enumera los principales puntos de la norma:

Mayor riesgo. Puede implicar el cobro de una prima adicional o la pérdida del derecho a la cobertura y conducir a un aumento significativo y continuo en la materialización del riesgo. Además, el asegurador debe ahora probar la relación causal entre el agravamiento del riesgo y el daño materializado para poder negarse a pagar la indemnización. Estos cambios hacen que sea más difícil para las aseguradoras aplicar exclusiones por mayor riesgo.
Reaseguro. Esta materia había sido objeto de leyes complementarias que abordaban la operación de seguro y no el contrato en sí. Señala que algunas reglas son dignas de mención, como por ejemplo la relativa a la aceptación del riesgo en caso de silencio del reasegurador durante 20 días. Se trata de una innovación en el ambiente de reaseguros sin parangón en el mercado mundial y que podrá generar cierta restricción por parte de los mercados globales de reaseguros respecto a las operaciones en Brasil.

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Ajuste de reclamaciones. La regulación de reclamaciones, un tema antes sólo relacionado con las costumbres y usos en Brasil, ahora está regulado por la nueva ley. Considera que la regulación de esta materia es favorable a los asegurados, a través de normas que establecen plazos cortos para las aseguradoras, un deber de total transparencia por su parte y una prohibición del derecho a innovar el argumento en caso de denegación de la indemnización.
Prescripción. Las normas sobre prescripción en materia de seguros ganan mayor claridad y unidad en el cómputo de los plazos. Resalta que sustituye a las antiguas y complejas normas, que preveían diferentes inicios de cómputo en función del tipo de seguro (Responsabilidad civil vs. norma general). El conteo comienza desde el momento en que la aseguradora se niega. Además, otras discusiones, por ejemplo entre aseguradores, reaseguradores o retrocesionarios, ahora siguen reglas de limitación de un año, las mismas que estaban previstas para la relación asegurado-asegurador.
Arbitraje. Los arbitrajes sobre seguros sujetos a la nueva ley se realizarán exclusivamente en Brasil, bajo las reglas de la legislación local, requisito que ha sido criticado dada la naturaleza global de la operación de seguro.

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Adaptarse a la regulación

Este año es de adaptación del sector de seguros y reaseguros, pues, la nueva ley entrará en vigencia en diciembre.

Pero también será un período para que toda la normativa sublegal —en particular, las resoluciones y circulares del Consejo Nacional de Seguros Privados) y de la Susep— pasen por una revisión para adecuarse a la nueva ley, además de cubrir sus lagunas, como establece el Plan de Regulación que la Superintendencia de Seguros Privados ha preparado para este año.

Estas son algunos de los vacíos legales que ha identificado la socia de Demarest:

Nuevo procedimiento a adoptar para obtener autorización previa y específica para que la aseguradora transfiera su posición contractual a una compañía similar, como en el caso de venta de cartera (de clientes), por ejemplo, considerando que la ley establece que, de no existir dicha autorización o consentimiento previo de los asegurados y beneficiarios, la aseguradora seguirá siendo solidariamente responsable con la nueva aseguradora.
La Susep debe determinar los tipos de seguros que estarán sujetos a un plazo superior a 30 días, limitado a 120 días, para la regulación y liquidación de los siniestros, considerando que la ley establece esa posibilidad, a ser reglamentada por la autoridad supervisora, en los casos en que la verificación de la existencia de cobertura y el cálculo de los valores adeudados impliquen mayor complejidad.
La ley también establece que la autoridad supervisora podrá aumentar el plazo de aceptación tácita de la propuesta de reaseguro, fijado en 20 días.
Además, conforme a lo previsto por la ley, la Susep también debe regular la forma cómo ocurrirá la divulgación obligatoria de los conflictos sometidos a arbitraje u otros medios adecuados de resolución de conflictos y sus respectivas decisiones, sin identificaciones particulares.

De allí que, además de la esperada revisión de todo el conjunto de normas del Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP)/Susep para adecuarlo a las disposiciones de la nueva ley de seguros, también se espera que la superintendencia emita normas para llenar los vacíos dejados por la Ley nº 15.040/2024.

En medio de los ajustes que hay que hacer en los próximos meses, la socia de Demarest comenta que se espera que haya un período de incertidumbre jurídica respecto de la interpretación, doctrina y jurisprudencia de sus disposiciones, además de la necesidad de inversión en capacitación y adecuación del mercado a las nuevas disposiciones legislativas, lo que —considera— puede tener impacto en las operaciones y, eventualmente, incluso en los precios.

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Lo que se proyecta

Sin embargo, Pelegrini no duda que el mercado de seguros se adaptará, especialmente debido a su fortaleza, tanto a nivel global como local, además del amplio espacio que tiene para crecer internamente.

Para el socio de SABZ, esta regulación tiende a cambiar la colocación de productos/capacidad en Brasil por parte de las aseguradoras y reaseguradoras globales por algún tiempo, hasta que se entienda el impacto financiero de las nuevas reglas.

Señala que, además, se cree que habrá un nuevo horizonte de disputas en materia de litigios, ya sea por las nuevas reglas, que deberán probarse ante los tribunales, o porque los arbitrajes, que hasta ahora se realizaban en otras jurisdicciones bajo leyes internacionales, ahora se realizarán a nivel local y con la aplicación de reglas locales.

Para las firmas legales, la nueva normativa representa un desafío respecto a estudiar el tema y proponer interpretaciones sostenibles de las nuevas disposiciones legales para su aplicación práctica por parte de sus clientes, como señala Pelegrini.

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La adaptación de productos, así como el ajuste del cumplimiento y de las operaciones de las compañías de seguros, especialmente por la revisión de contratos debido al mayor riesgo y responsabilidad que resulta de la inclusión del ajuste de reclamos en la ley, generarán más actividad a los abogados especializados en el área, quienes contarán con nuevos caminos y argumentos en las disputas de las aseguradoras ante el Poder Judicial y en arbitrajes, con algunas ventajas en relación a la legislación anterior.

Hasta tanto no entre en plena vigencia la Ley nº 15.040/2024, el sector es regulado por el Decreto-Ley nº 73/1966 sobre operaciones de seguros, requisitos de funcionamiento de las compañías de seguros, creación de la Susep y el CNSP, la Ley complementaria nº 126/2007, las resoluciones del CNSP y las circulares de la Susep, el Código Civil y la Ley 4.594/64 (Ley de Corretaje de Seguros).

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Ley Nacional de Cabotaje 3i6dz ¿Cómo pretende el Perú sacar provecho de su nuevo Puerto de Chancay?

Fri, 29 Nov 2024 21:07:47 +0000

Ley Nacional de Cabotaje: ¿Cómo pretende el Perú sacar provecho de su nuevo Puerto de Chancay?

Se espera que la normativa permita ampliar la oferta de servicios de cabotaje a lo largo de toda la costa pacífica sudamericana.

Jesús Hurtado Fri, 29/11/2024 - 17:07

En 2023, el comercio mundial transó mercancías por un valor que superó los 24 billones de dólares, un alza de 44,63 % respecto a los registros de 2015, según la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las últimas estadísticas suponen un fuerte incremento de la movilización de carga, especialmente por vía marítima, una actividad que seguirá creciendo en atención al alza que se prevé mantendrá el comercio internacional.

Con este contexto, Perú tomó la iniciativa de aprovechar su privilegiada ubicación geográfica para asentar al mayor puerto construido en el Pacífico americano, al tiempo de tomar medidas legales para reforzar esta nueva oportunidad de negocios que abre al país el transporte de mercancías. Muestra de ello es la aprobación del proyecto de Ley 5175/2022-PE o Ley Nacional de Cabotaje, normativa que servirá de respaldo legal para la operación del nuevo puerto de Chancay, un megaproyecto que se da por descontado convertirá al país en una nueva potencia del comercio marítimo.

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De qué se trata

Alternativa más económica que el transporte terrestre, por cabotaje se conoce al traslado de mercancías o personas entre dos puntos dentro del mismo territorio nacional. Se trata de un vocablo francés que en su idioma original tiene una acepción más directa: acción de navegar entre puerto y puerto a lo largo de la costa.

En el caso específico de Perú, el cabotaje se ha aplicado teniendo como terminal de referencia el de Callao, contiguo a la capital, Lima, desde donde se realiza la interconexión con puertos secundarios como Ilo, Matarani, Paita, Paracas y Salaverry, aunque también hacia terminales en los vecinos Chile, Ecuador y Colombia.

Tras su reciente inauguración, el moderno puerto de Chancay asumirá como punto focal para el arribo de mercancías, desde donde serán trasladadas a puertos secundarios (o viceversa) por embarcaciones de menor calado, capaces de atracar en aguas poco profundas donde los grandes buques no pueden entrar.

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De cara al futuro

Hasta este año, el cabotaje marítimo en Perú estuvo regido por el Decreto Legislativo N° 1413 (DL 1413), según el cual esta actividad estaba permitida solo a personas naturales o jurídicas constituidas en Perú, bien sea con capital social nacional o extranjero.

Sin embargo y, en atención a la inminente inauguración de Chancay, en junio pasado fue sancionada La nueva Ley Nacional de Cabotaje que da un vuelco a toda la concepción vigente al eliminar el carácter de exclusividad que solo permitía a empresas nacionales participar en los servicios de cabotaje.

“Normalmente, el cabotaje está sometido al principio de reserva nacional, lo que implica que solo empresas locales (incluso se exigía capitán y tripulación nacional) son las que pueden llevar a cabo dichas actividades; sin embargo, en países como el nuestro, ni dicha reserva ni los beneficios tributarios y aduaneros que en su momento se otorgaron, han permitido contar con una importante flota de manera que pueda ser una alternativa de transporte para la carga local”, afirma Leonardo López, socio del despacho Hernández y Cía.

Tras resaltar lo avanzada que es la nueva legislación peruana, López acota que el proceso de abrir la actividad de cabotaje al capital y empresas extranjeras permite ofrecer al transporte de carga una alternativa más económica y ambientalmente más sostenible.

Omar Córdova, socio del área de derecho marítimo en Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, refuerza esta posición al señalar que, como resultado de la Ley, el cabotaje marítimo en Perú ha experimentado cambios sustanciales que dinamizan al sector, en contraste con otros países donde se mantienen enfoques normativos más restrictivos.

Recuerda que mientras Perú ha liberalizado su legislación, Chile continúa limitando la participación extranjera a condiciones como la disponibilidad de naves nacionales y la autorización para cargas mayores a 900 toneladas. Entretanto, en Colombia, el Decreto Nº 804 conceptualiza el cabotaje como un “servicio público”, es decir, reservado exclusivamente para empresas nacionales, que necesariamente debe ser propietarias o arrendatarias de una nave de bandera colombiana.

“La tendencia latinoamericana sobre el cabotaje marítimo, a contraposición de la peruana, ve una limitación a la liberalización y la inclusión de operadores extranjeros. Mientras que Perú ha adoptado medidas que promueven la competencia, el dinamismo y facilitan la participación en el mercado, Chile y Colombia continúan priorizando la protección de sus flotas nacionales”, añade.

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¿Qué tiene de nuevo?

Grosso modo, las novedades que trae al cabotaje marítimo de carga peruano la nueva Ley son las siguientes:

Definición del servicio de cabotaje: Se precisa que el cabotaje abarca exclusivamente el transporte de carga o pasajeros entre puertos peruanos. Los servicios entre un puerto peruano y uno extranjero no califican como cabotaje.
Ampliación del a servicios de cabotaje: Se permite que el cabotaje sea realizado no solo por personas naturales o jurídicas constituidas en el Perú, sino también por aquellas constituidas en el extranjero, independientemente del origen de su capital social, eliminando la política de reserva nacional.
Eliminación de exigencias para empresas extranjeras: En función a la modificación antes dicha, se exceptúa a las empresas extranjeras de cumplir con requisitos como:

Tener domicilio principal, sede real y efectiva en el Perú.
Dedicarse exclusivamente al tráfico nacional o internacional.
Poseer naves de bandera peruana.
Tener mayoría de capital social y dirección bajo control de ciudadanos peruanos.
Garantizar tripulación y capitanes de nacionalidad peruana.
Mantener un capital social mínimo en función del valor aduanero de las naves.

Asimismo, Julio Guadalupe, también socio en Rodrigo, Elías & Medrano, recuerda que la Ley establece mecanismos de promoción para fomentar la innovación y mejorar la infraestructura logística, todo ello en aras de aumentar la competitividad y el desarrollo sostenible del transporte marítimo en el país.

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Negocio para Perú

En líneas generales, la Ley de Cabotaje ha sido percibida como un paso firme para la consolidación de la vocación exportadora de Perú, cuya oferta exportable es aportada en un 90 % por las provincias, desde donde deben ser trasladas a los puertos por vía terrestre, que habida cuenta de su accidentada geografía, es una alternativa costosa y compleja.

Al respecto, desde los sectores público y privado se señala que la Ley favorecerá en especial a más de 6.000 medianas, pequeñas y microempresa regionales con vocación exportadora, pues contarán con una alternativa más económica y eficiente para colocar sus productos, máxime si se toma en cuenta el impulso que ha tenido el comercio con las naciones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec, por sus siglas en inglés), hacia las cuales se dirigió el año pasado el 68,5 % de las exportaciones totales del país, sumando más de 44.252 millones de dólares.

Desde Rodrigo, Elías & Medrano, su socio Alejandro Manayalle ratifica esta posición, al afirmar que los cambios introducidos por la Ley pueden generar una mayor oferta que ayude a reducir costos y tiempos de entrega, mejorando la eficiencia logística bajo los siguientes supuestos:

Fomentar la descentralización económica, a través del impulso de la actividad en puertos regionales, contribuyendo al desarrollo de infraestructura y puestos de empleo.
Disminuir la dependencia del transporte terrestre, lo cual presenta mayores riesgos y costos, lo que puede impactar positivamente en la canasta básica de la población, que incluye alimentos y artículos esenciales.
Promover un mercado competitivo, pues al mejorar la infraestructura logística y tecnológica se crearía un entorno más favorable para el intercambio de bienes y servicios con otros países de la región.

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Beneficios para la región

Más allá de los beneficios para los exportadores e importadores peruanos, las oportunidades de negocio que abre la Ley de Cabotaje trascienden las fronteras nacionales, más aún con el impulso que dará al comercio el megapuerto de Chancay.

Manuel Carpio-Rivero, profesor de la Pacífico Business School, ha dicho que la Ley permitirá la apertura logística de los puertos peruanos, especialmente del nuevo terminal de Chancay, a los exportadores e importadores de otros países que, al utilizar la cadena logística peruana, obtendrán un importante ahorro de costos.

Se prevé que navieras internacionales sacarán provecho de la autorización que ofrece la Ley para ofrecer servicio de cabotaje para comunicar de manera más eficiente a puertos ubicados en la costa pacífica de Panamá, Colombia, Ecuador y Chile, permitiendo una reducción de costos que redundará en abaratamiento del precio final de los productos.

Será, además, cuestión de tiempo para que esta ventaja permee hacia naciones vecinas sin salida al Pacífico como Brasil, Argentina, Bolivia o Paraguay que, a través de una cadena integrada con el transporte terrestre, podrán recibir o exportar mercancías a costos inferiores a los actuales.

Los socios de Rodrigo, Elías & Medrano avalan esto, señalando que asociado a la Ley de Cabotaje, se buscaría que el puerto de Chancay genere sinergias para favorecer a la región al impulsar inversiones complementarias públicas y privadas para el desarrollo de vías de , infraestructura, parques industriales, etc., que permitan que Chancay se convierta en un verdadero hub regional.

“Parte de esto sería también, por ejemplo, profundizar los acuerdos con Brasil para la facilitación del flujo de mercancías al puerto del Callao o Chancay y viceversa, a través de la carretera interoceánica y otras vías complementarias. Poner en verdadero valor a la infraestructura que ya existe, pero que claramente se encuentra subutilizada”, dice Julio Guadalupe.

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Preocupaciones

Sin menoscabo de las ventajas que traerá, la nueva Ley de Cabotaje ha despertado inquietudes en los gremios relacionados, que temen un posible incremento en los costos del servicio de cabotaje, con impacto en el negocio.

Desde la Comisión de Puertos de la Cámara de Comercio de Lima se ha planteado que cuando una empresa local contrate el servicio de cabotaje, se generará una obligación de retención de impuesto a la renta (IR) equivalente al 30 % del costo del servicio, lo que podría disparar el monto del cabotaje hasta en 60 %. Esto, según los especialistas, demanda adecuar el sistema impositivo, a fin de hacer viable la oferta económica esperada.

Leonardo López explica que, considerando que la naviera internacional no acepte la retención, será el local quien tendrá que asumir el costo tributario, el cual no es deducible, pues solo se puede deducir el impuesto a la renta asumido cuando se grava intereses de préstamos.

El especialista recuerda que si la naviera tiene residencia en un territorio de baja o nula imposición, el flete tampoco será deducible como gasto para que el o titular de la carga determine su impuesto a la renta, lo que, a su vez, generará que el impuesto general a las ventas (IGV) que grave la utilización de servicios, sea aplicado como crédito fiscal.

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Para hacer frente

Como toda Ley, la de Cabotaje es perfectible, por lo que desde Hernández & Cía se plantea la pertinencia de ajustar el tratamiento tributario con base en:

Que la tasa de retención sea de 10 % (en vez de 30 %); la misma que aplica en el caso de rentas por el arrendamiento de naves.
Permitir la deducción como gasto del impuesto a la renta asumido por el o titular de la carga.
Permitir la deducción del flete de cabotaje aun cuando la naviera sea residente de un territorio de baja o nula imposición, tal cual ocurre con el flete del transporte internacional, los intereses de financiamiento, las primas de seguros y las tarifas por de paso por el Canal de Panamá.

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¿Por qué Chile sigue siendo el mejor país de América Latina para jubilarse? 185l2u

Mon, 18 Nov 2024 23:48:02 +0000

¿Por qué Chile sigue siendo el mejor país de América Latina para jubilarse?

El país se ubicó este año en el top ten de las naciones con los mejores sistemas de jubilación a escala global.

Jesús Hurtado Mon, 18/11/2024 - 19:48

El sistema de pensiones chileno continúa despuntando como el mejor de América Latina, a pesar de los distintos problemas que especialistas y ciudadanos señalan. Recientemente, algunos estudios apuntan que el país andino no solo es la mejor nación de la región para jubilarse, sino también una de las más adecuadas, a escala global, para disfrutar de los llamados “años dorados”.

Uno de los estudios más respetados, el Índice Global de Pensiones 2024 (IGP), de la consultora Mercer y el CFA Institute (Chartered Financial Analyst, por sus siglas en inglés), acaba de ratificarlo, al señalar que Chile no solo se mantuvo como el mejor sistema de la región, sino que ingresó al selecto grupo de los 10 más reputados a nivel global.

De hecho, la nación andina escaló cinco posiciones respecto a la clasificación obtenida en 2023, para ubicarse en el noveno peldaño del ranking, un listado en el que también sobresalen los buenos resultados alcanzados por Uruguay y México, situados en las posiciones 13 y 16 de la clasificación, respectivamente.

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Un repaso de la figura de la 'jubilación'

“Las jubilaciones son beneficios muy antiguos. Están asociadas a los funcionarios públicos y se generalizaron después de la segunda guerra mundial”, afirma León Arismendi, especialista en derecho laboral y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El origen de la jubilación se remonta al imperio romano, cuando Roma concede parcelas de terreno y un pago en dinero a los soldados que hubiesen servido durante más de 25 años. En el caso de las pensiones, el nacimiento se ubica en la Alemania de finales del siglo XIX, cuando se crea un programa de seguridad social que otorga beneficios a los ciudadanos en la vejez.

A principios del siglo XX, estas nociones fueron tomando forma como beneficios inherentes al trabajador para asegurarse una vejez más digna, hasta que a mediados de siglo pasan a convertirse en un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La concepción ha ido mutando hacia regímenes cada vez más sofisticados que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador en su retiro.

Con esta base, en 1981 entra en vigencia el régimen previsional chileno, que desde ese momento se convirtió en referente regional y global por sus alcances y bondades, convirtiéndose en modelo a seguir por muchos gobiernos a fin de satisfacer las crecientes demandas de las poblaciones en edad pensional.

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En evolución

Cuna de los fondos privados de pensiones manejados por entes privados denominados as de Fondos de Pensión (AFP), el sistema chileno ha estado en constante evolución a fin de dar con un mecanismo sólido y sustentable, en el que el propio trabajador sea consciente y asuma la responsabilidad de ahorrar para su retiro futuro, con un aporte consistente del Estado, pero evitando la sobrecarga que ha llevado al colapso de muchos regímenes en todo el mundo.

“Aunque la sustentabilidad es clave, se ha comprendido que un sistema efectivo también debe ser generoso con sus jubilados. En los últimos años, el país ha transitado hacia una visión más integral de la jubilación, reconociendo que no basta con depender únicamente de las cotizaciones de los trabajadores: es necesario un aporte estatal robusto y constante para asegurar una vejez digna”, dice Francisca Vial, directora del área laboral en Eyzaguirre & Cia. Abogados.

Bajo esta premisa, varios gobernantes del país sudamericano han planteado sin éxito una reforma profunda del sistema y, aunque el cambio no ha llegado según lo previsto, varias modificaciones han permitido viabilizar el sistema que hoy es considerado en el top ten a escala global.

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¿Qué se mide?

Año tras año, Mercer y el CFA Institute hacen una comparación de los ingresos percibidos por los jubilados en distintos sistemas en 48 países que, en conjunto, concentran cerca de 65 % de la población pensionada a escala global, ofreciendo una visión de cómo se manejan los mecanismos pensionales en diferentes regiones del planeta.

La medición registra datos de tres grandes categorías: adecuación, sostenibilidad e integridad. En cuanto a adecuación, se califica qué tan buenos son los beneficios que ofrece cada sistema de pensiones, teniendo como foco la tasa neta de reemplazo, es decir, el porcentaje de salario neto que recibirá el trabajador al jubilarse.

La sostenibilidad mide la viabilidad de mantener cada sistema de pensiones en el tiempo, teniendo como punto de partida el endeudamiento/país y proyección de la estructura poblacional; mientras que la integridad analiza el porcentaje de población que participa de cada sistema de pensiones, la información que reciben y la regulación detrás de cada plan.

Para este año, Chile ha mejorado en los tres subrenglones respecto al 2023, despuntado como el país mejor posicionado de la región en términos generales y particulares, excepto en adecuación, donde otro vecino sudamericano, Uruguay, se coló como el tercer país a escala mundial con los mejores beneficios que recibe el jubilado.

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La ayuda legal

Este buen desempeño de Chile, sin duda, obedece al fortalecimiento del sistema desde la implementación, en 2022, de la Ley 21.419 que creó la Pensión Garantizada Universal (PGU), y la posterior Ley Corta 21.538 en 2023, normativas que han ampliado la cobertura y mejorado el monto de las pensiones para muchos beneficiarios.

Al respecto, Francisca Vial recuerda que, en 2023, el Estado destinó 5 % del PIB a las jubilaciones. De ese monto, un 2,17 % se canalizó directamente hacia la Pensión Garantizada Universal, con lo cual la tasa de reemplazo se elevó hasta 63 %, brindando a los jubilados una mayor seguridad económica.

León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), discrepa en esta posición, señalando que el modelo chileno no ha dado los resultados esperados, pues el resultado neto ha derivado en pensiones muy bajas que no ofrecen un retiro digno al trabajador.

“El sistema ha sido bueno para la economía chilena porque la masa de ahorros que manejan las AFP es enorme, pero no para el trabajador”, dice, asegurando que los modelos europeos ofrecen mejores beneficios, pero, debido a su elevado costo, están siendo una pesada carga para los Estados.

Es de destacar que, en ediciones previas del IGP, Chile había recibido fuertes críticas respecto a la tasa neta de reemplazo, en el entendido de que los retiros autorizados por el Estado para hacer frente a los desequilibrios de la pandemia incidirán negativamente en el monto que recibirán los jubilados. No obstante, el país parece haber encontrado una salida para lograr estabilizar la balanza.

En lo que respecta a la integridad, las cifras oficiales señalan que a mediados de 2021, en Chile existían más de 1,85 millones de jubilados, cifra que en septiembre de 2024 superaba los 2,74 millones de personas, evidenciando una significativa inclusión que habla a favor del sistema, que a decir de Vial, “está cuidadosamente regulado, lo que proporciona confianza y solidez”.

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De puertas abiertas

Para muchos detractores del sistema previsional chileno, el hecho de que el país sea percibido como el mejor destino para jubilarse en América Latina es un punto contrario a los intereses nacionales, aduciendo que ello podría inducir una oleada de “migrantes jubilables” que buscan mejorar sus beneficios a costa del Estado, con el consecuente futuro colapso.

Sin embargo, esta situación podría tener más efectos positivos que contrarios, como por ejemplo servir de atractivo para trabajadores especializados y con experiencia que están pensando en su futura jubilación, así como para los nómadas digitales.

La especialista de Eyzaguirre cree que el clima favorable para el trabajo, una tasa de reemplazo superior al 60 % y los requisitos de residencia más accesibles en comparación con otros países donde suelen exigir más años para acceder a beneficios similares, posicionan a Chile como un imán potencial para la migración de nómadas digitales.

“Este conjunto de condiciones no solo mejora el atractivo de Chile para este segmento, sino que también podría tener un impacto positivo en la diversificación y dinamismo del mercado laboral, al atraer a profesionales altamente calificados que buscan estabilidad y seguridad financiera a largo plazo”, dice la especialista.

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Más ventajas

Chile tiene otra importante ventaja competitiva que aumenta su atractivo hacia quienes piensan en su futura jubilación: los convenios de seguridad social, acuerdos que permiten a los extranjeros sumar semanas a su cotización de pensiones en su país de origen, con lo que no tendrán que cotizar desde cero.

Suscritos con 24 países en las variantes bilateral y multilateral, estos convenios posibilitan a los trabajadores beneficiarse de las cotizaciones que ellos han efectuado en ambos países y así mantener una continuidad en su historial previsional.

Incluso, el modelo chileno permite a los trabajadores extranjeros la posibilidad de cotizar para su jubilación aun cuando no cuenten con residencia o un permiso formal de trabajo conforme a las normas migratorias nacionales. Esto es posible gracias a la asignación de un RUT provisorio (Rol Único Tributario temporal), que les permite integrarse al sistema previsional y realizar aportes a su cuenta de capitalización individual en una a de Fondos de Pensiones (AFP).

Vial recuerda que así los trabajadores pueden asegurar un ahorro previsional sin necesidad de cumplir con todos los requisitos migratorios tradicionales, permitiendo el a los beneficios del sistema de pensiones chileno con todos los beneficios de ley.

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los países con los que Chile ha suscrito acuerdos, que pueden ser bilaterales o multilaterales, permitiendo estos últimos que los períodos de cotización realizados en cualquiera de estos países, sean tenidos en cuenta al momento de solicitar la pensión en uno de los Estados firmantes.

El sistema es recíproco, de modo que permite a los chilenos que viven en el extranjero cumplir con los requisitos de jubilación, combinando los aportes realizados tanto en Chile como en el país de residencia. De este modo, un chileno que ha trabajado en dos países puede acceder a los beneficios de pensión sin perder los años cotizados en ninguno de ellos.

“Estos convenios están diseñados para facilitar la movilidad laboral y asegurar la protección social de los trabajadores migrantes”, acota.

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Más allá de lo económico

Además de las ventajas económicas que ofrece, Chile brinda una serie de condiciones adicionales que refuerzan su rol como país idóneo para la jubilación.

Así lo destaca la revista Forbes, que en un reciente ranking apunta al país en el primer lugar de los mejores destinos regionales para jubilarse, resaltando, entre otras cosas, la estabilidad política del país, la variedad de climas que ofrece (que van desde el más seco desierto del mundo, hasta las nieves perpetuas), un costo de vida razonable (la inflación acumulada hasta octubre se ubicó en 4,5 %) y excelente atención médica a precios razonables.

Con una de las tasas de criminalidad más bajas del continente, el nivel de seguridad personal en Chile supera con creces a muchas naciones de la región, contando, además, con exenciones para el pago de impuestos sobre pensiones o ingresos de la seguridad social durante los primeros años de residencia en el país.

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Brasil busca frenar la deforestación en la Amazonía y evitar sanciones a sus exportaciones 6g5v61

Sat, 09 Nov 2024 03:29:26 +0000

Brasil busca frenar la deforestación en la Amazonía y evitar sanciones a sus exportaciones

USD 15.000 millones en exportaciones pueden afectarse con la entrada en vigencia de ley europea contra la deforestación.

Jesús Hurtado Fri, 08/11/2024 - 23:29

A mediados de octubre pasado, el gobierno de Brasil introdujo ante el Congreso un proyecto de ley que propone endurecer las penas contra los delitos asociados a la destrucción del ambiente. Con ello, el Ejecutivo encabezado por Luiz Inácio Lula Da Silva busca frenar el creciente número de incendios forestales, en buena parte provocados con fines económicos.

Entre otras consideraciones, la propuesta presentada aumenta de tres a seis años la pena de cárcel para quienes provocan incendios en selvas o pastizales, al tiempo de incrementar las multas por delitos ambientales, cuyos montos son considerados por la población afectada y ambientalistas como irrisorios en comparación con los beneficios que obtienen los responsables.

La propuesta se vuelve prioritaria si se tiene en cuenta que, a partir del 1 de enero de 2025, comienzan a regir las nuevas normas de trazabilidad aplicadas por la Unión Europea, que indican que no podrán ingresar a suelo comunitario productos agrícolas y agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.

Te sugerimos leer: Exportaciones a Europa desde Latinoamérica con más restricciones por Ley contra la deforestación

Devastación continuada

El 2024 ha sido uno de los peores años para la Amazonía brasileña en lo que respecta a incendios forestales. De acuerdo con datos oficiales, hasta inicios de septiembre se contabilizaban más de 213.000 focos de incendios, 85 % por encima de los registros de 2023. En total, fueron arrasadas 22,38 millones de hectáreas, una superficie dos veces la de Cuba.

La devastación producto de esta vorágine ígnea afecta el 0,26 % de la superficie total de Brasil, obligando a las autoridades a actuar con mayor celeridad para dar con los responsables de estos incendios, muchos de ellos provocados con la intención de ganar terreno a la selva para labores de cultivo y pastoreo, que dejan jugosas ganancias a los agricultores independientes y empresas detrás de estas acciones.

Sin embargo, pese al fuerte incremento de los incendios forestales, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe, por sus siglas en portugués) afirma que entre agosto de 2023 y julio de 2024 se aprecia una reducción del 30,6 % de la superficie total deforestada en la Amazonía respecto al período anterior, la mayor caída porcentual en 15 años. Del mismo modo, en el Cerrado, la sabana interior de Brasil, la tasa oficial de deforestación cayó 25,7 %, con lo que se concreta la primera reducción en este bioma en los últimos cinco años.

Texto relacionado: Delitos ambientales y transición energética, ¿cómo Venezuela desarrolla un marco legal ante el cambio climático?

Crimen sin castigo

Estadísticas del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), refieren que entre ambos entes estatales aplicaron en 2023 un total de 6.286 multas por daños a la flora amazónica, 41 % por encima de las impuestas en 2022.

Pero a juzgar por los datos, el incremento se queda solo en el papel. Hasta agosto pasado, en los juzgados brasileños se ventilaban 183.300 casos de delitos ambientales de diversa índole. De esa cantidad solo se había emitido sentencia en 41.300 (22,5 %), quedando aún abiertos 142.000 procesos (77,44 %), según el Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de Justicia.

De la cantidad de sentencias firmes dictadas, en apenas 433 (1,04 %) se solicitó medida de prisión, muchas de las cuales no se cumplieron porque prescribieron mientras se resolvían las apelaciones interpuestas.

Otros datos corroboran esta situación. Según una investigación llevada adelante por la revista Veja, el Ibama impuso en los últimos cinco años un total de 57.883 multas relacionadas con crímenes ambientales, mientras que otros 130.000 procesos están siendo tramitados por la agencia gubernamental.

No obstante, de las multas aplicadas, solo 5.103 (8,8 %) fueron pagadas y se estima que 9.105 van a prescribir antes de que se realice el pago. En total, unos 2.400 millones de reales (más de 421 millones de dólares) dejarán de entrar a las arcas del Estado por esta situación.

El estudio va más allá, señalando que en los últimos 30 años las agencias ambientales brasileñas aplicaron más de 272.000 multas por un valor superior a los 44.000 millones de reales (más de 7.725 millones de dólares), de los cuales el Estado sólo recibió unos 569 millones de reales; es decir, 1,3 % del total avaluado.

Desde la oficina de Demarest Advogados se señala que muchos de esos juicios todavía tienen apelaciones y discusiones en curso, por lo que no es posible predecir que los valores en discusión se mantendrán.

Un dato adicional que agrega la investigación de Veja: según un ranking basado en los montos de las multas aplicadas por el Ibama en 2020, nueve de los 10 mayores deforestadores del bosque tropical brasileño ese año aún se encuentran en proceso de apelación de las medidas y no han pagado las infracciones.

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Consecuencias directas

Aunque la principal preocupación se centra en el daño que se está haciendo al mayor pulmón vegetal del planeta, el incremento en la destrucción masiva de la selva amazónica tiene también repercusión en los negocios, pues puede afectar la relación comercial de Brasil con países europeos.

Tras su aprobación en abril de 2023, el próximo enero entrarán en vigencia las disposiciones del Reglamento de la UE contra la deforestación, una ley que prohíbe la importación de insumos cuya producción haya contribuido a la destrucción o degradación de bosques con el objeto de extender la superficie agrícola.

Aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, así como productos derivados de estos insumos, conforman la lista de bienes objeto de la ley, que conforman cerca de un tercio de las exportaciones de Brasil a suelo europeo.

Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, en 2023 el país envió a Europa bienes por un valor superior a los 46.300 millones de dólares, de los que cerca del 30 % corresponden a insumos regulados por la nueva normativa, razón por la que los incendios amazónicos podrían terminar afectando el destino de unos 15.000 millones de dólares en exportaciones.

Es oportuno recordar que un informe divulgado en 2020 por un internacional de expertos, señala que 20 % de las exportaciones de soja y al menos 17 % de las exportaciones de carne de los biomas brasileños hacia la Unión Europea provienen de áreas deforestadas de forma ilegal.

"Entre 18% y 22% -posiblemente más- de las exportaciones anuales de Brasil a la UE son fruto de la deforestación ilegal", afirmaba para ese entonces Raoni Rajão, líder del proyecto y profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

Tienes que enterarte: Impuesto al carbono: ¿Cómo se aplica en Argentina, Colombia y México?

La mano de la justicia

Para un país que alberga 60 % de la selva más importante del mundo, el destino de esa masa vegetal es, sin duda, una prioridad, por lo que algunas sanciones aplicadas por violentar la integridad de la Amazonía se cuentan entre las mayores multas por delitos ecológicos en Brasil. Sin embargo, la mayoría de las grandes sumas involucradas en reparaciones a daños ambientales tiene orígenes distintos a la destrucción de ecosistemas vegetales.

“Por lo general, los procesos jurídicos que involucran cantidades importantes (de dinero) no involucran situaciones comunes, sino accidentes excepcionales, que terminan dando lugar a acciones legales para exigir la reparación de daños e indemnizaciones al medio ambiente y a terceros afectados”, dice Fernanda Stefanelo, socia de las áreas de Derecho Ambiental y ESG de Demarest Advogados.

Y así como son múltiples las afectaciones al ambiente objeto de proceso judicial, los criterios aplicados para sentenciar son igualmente diversos. De acuerdo con la experiencia particular, desde Demarest se afirma que entre los más recurridos figuran:

• Art. 14 de la Ley 6.938/81: Sin perjuicio de las sanciones definidas por la legislación federal, estatal y municipal y el incumplimiento de las medidas necesarias para preservar o corregir los inconvenientes y daños causados por la degradación de la calidad ambiental, sancionará a los infractores.

• Art. 14 # 1 de la Ley 6.938/81: Sin impedir la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, el contaminador está obligado, cualquiera que sea la existencia de culpa, a indemnizar o reparar los daños causados al medio ambiente y a terceras partes afectadas por su actividad. El Ministerio Público de la Unión y de los Estados tendrán legitimidad para proponer acciones de responsabilidad civil y penal por daños causados al medio ambiente. – Principio de quien contamina paga. Responsabilidad objetiva del contaminador.

• Art. 3 de la Ley 6.938/81 – IV: El contaminador, la persona física o jurídica, pública o privada, responsable, directa o indirectamente, de una actividad que causa degradación ambiental.

• Art. 225 de la Constitución Federal de 1988: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien común del pueblo e indispensable para una saludable calidad de vida, imponiendo al Poder Público y a la comunidad el deber de defenderlo y preservarlo. para las generaciones presentes y futuras.

• Art. 225, # 3 de la Constitución Federal de 1988: Las conductas y actividades consideradas nocivas para el medio ambiente someterán a los infractores, ya sean personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y istrativas, independientemente de la obligación de reparar el daño causado.

• Art. 13, de la Ley 7.347/86: Si hay condena pecuniaria, la indemnización por el daño causado revertirá a un fondo istrado por un Consejo Federal o por Consejos Estatales en el que participarán el Ministerio Público y los representantes de la comunidad, y los recursos serán destinados a la restauración de los bienes dañados.

Debes conocer esto: ESG como estrategia de negocio: La asesoría legal detrás de la transformación en Brasil

Criterios ESG dan una mano

Hacer caso omiso a las leyes ambientales, e incluso ignorar las medidas sancionatorias aplicadas por crímenes relacionados, ha sido la constante en Brasil. Sin embargo, en apoyo a esta tarea, los criterios ESG vienen ganando terreno como una herramienta para lograr el compromiso de las empresas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo.

“Las empresas están cada vez más conectadas a estos criterios, con el objetivo de perpetuar sus operaciones, reducir los riesgos reputacionales, la pérdida de valor de mercado y reducir los impactos en la sociedad en su conjunto”, señala Fernanda Stefanelo.

La especialista agrega que, en adición a la legislación vigente, los criterios ESG (siglas en inglés de environmental, social, corporate governance) han sido evaluados y aplicados en mayor medida, no solo por empresas e instituciones sujetas a obligaciones que involucran estos criterios, sino también por empresas y sectores no regulados.

De hecho, la calificadora de Fitch Ratings ubica a Brasil entre los países de América Latina que mayores avances ha hecho para afianzar un marco de referencia y regulatorio de la aplicación de estos factores en el proceso de inversión de los gestores de activos.

En este sentido, Stefanelo recuerda que una investigación realizada por la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham) identificó que:

El 71 % de las empresas ya implementan iniciativas sostenibles.
El 77 % de los encuestados reconoce que los directores ejecutivos son esenciales para promover la agenda ESG.
El 78 % de las empresas buscan un impacto ambiental y social positivo.
El 77 % de las empresas apuntan a fortalecer su reputación en el mercado.
El 40 % de las empresas enfrentan dificultades a la hora de medir indicadores.

Del mismo modo, la especialista señala que, paralelamente a la búsqueda de aumentar la implementación de criterios ESG, también es posible notar interrogantes en todo el mundo sobre la clasificación de ciertas actividades como más sostenibles o no, y los riesgos e impactos nocivos para la sociedad cuando se aplican más emisiones de carbono.

De cualquier manera, estos factores están sirviendo de ayuda en el combate contra los crímenes ecológicos, haciendo de alguna manera que las empresas brasileñas tengan mayor precaución para evitar ser sancionadas, lo que también sirve de mecanismo de control respecto a las nuevas reglas de importación vigentes en Europa, que los expertos aseguran se convertirán en modelo a aplicar en otros países.

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'Overcompliance' 4l6n1z La ley que controla el financiamiento de las ONG en Venezuela

Tue, 29 Oct 2024 22:18:23 +0000

'Overcompliance': La ley que controla el financiamiento de las ONG en Venezuela

La ley aprobada podría afectar la permanencia de más de 600 ONG que atienden a millones de venezolanos.

Redacción Lexlatin Tue, 29/10/2024 - 18:18

Luego de múltiples intentos por regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una normativa que, de acuerdo con analistas, socavará aún más las bases de la democracia venezolana, al atentar contra derechos humanos amparados por la Constitución.

Según sus objetivos, esta ley se ha elaborado para crear un sistema uniforme que regule el establecimiento, registro, organización y istración de este tipo de instituciones, con especial foco en transparentar sus finanzas y, con ello, a sus fuentes de financiamiento.

Te sugerimos leer: Corrupción en Latinoamérica: El compliance gana terreno ante la inaplicación de las normas

¿El sobrecumplimiento es ilegal?

La norma fue aprobada en tiempo perentorio por la Asamblea unicameral venezolana y, aunque ni la directiva parlamentaria ni la Presidencia de la República han firmado su "ejecútese", se espera que en cualquier momento sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigencia.

Convencido de la inconstitucionalidad de la norma, Marcos Carrillo Perera, socio especialista del área de litigios y soluciones alternativa de conflictos en AraqueReyna, es categórico al señalar que uno de los grandes desaciertos de esta ley es atentar contra la libertad de asociación, un derecho no solo consagrado constitucionalmente en el país, sino avalado por una serie de normativas internacionales que son ley en Venezuela.

"Esta ley afecta un derecho humano fundamental: la libertad de asociación y, eventualmente, la libertad de reunión y otros derechos conexos. El derecho de libertad de asociación está garantizado por una serie de cuerpos normativos y tratados internacionales ratificados por Venezuela y, por lo tanto, por la Constitución", comenta Marcos Carrillo Perera.

Con lo anterior, el especialista ejemplifica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como uno de los derechos fundamentales el de asociación; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos también lo recogen. "En todos estos casos dice que puede haber restricciones, es cierto, pero solo aquellas que sean necesarias en una sociedad democrática. De modo que no es cualquier tipo de restricción, sino que tiene como condicionamiento la potenciación de la democracia. Por ejemplo, cuando se tratan temas de orden público, la salud u otros derechos y libertades".

A nivel constitucional, el abogado refiere que se tiene este derecho reconocido en el artículo 52, que establece que toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos.

-El argumento del gobierno para su aprobación es luchar contra el blanqueo de capitales y apoyo al terrorismo ¿Tiene la ley relación con el compliance?

Marcos Carrillo Perera: El compliance no puede estar por encima de la Constitución y de los tratados. Una manera de violar estos derechos es el overcompliance, el sobrecumplimiento, al establecer unas normas en tal modo engorrosas y complicadas que hagan difícil ejercer el derecho de libertad de asociación.

En ese caso, el overcompliance es inconstitucional, porque va contra los derechos humanos.

Debes leer: La democracia se deteriora; ¿Cómo afecta al clima para hacer negocios?

Estrategia global

Marcos Carrillo dice que el ataque contra las ONG en Venezuela es de vieja data. Asegura que desde el año 2000, apenas un año después de que Hugo Chávez asumiera, el gobierno inició su embestida contra estas organizaciones, primero por vía de jurisprudencia y, desde 2006, con la presentación sistemática de proyectos de ley ese año y en 2011, 2017, 2021 y 2024.

-¿Se relaciona esta ley con otras que se han promulgado o están por aprobarse en la región?

Marcos Carrillo Perera: No es una ley aislada, sino que va en un contexto mundial, con nexos muy particulares con leyes similares que se han promulgado en Rusia, países africanos, en Europa del Este, el sudeste asiático y Latinoamérica. Estas buscan obstaculizar el derecho a la libertad de asociación y, en última instancia, el derecho a la cooperación internacional y a recibir financiamiento para actividades que van desde el desarrollo social hasta la promoción de derechos humanos.

-En una situación tan compleja como la actual para el Estado venezolano por las acusaciones de violación a los derechos humanos, ¿cómo afecta esta ley la imagen del país?

Lo que hace es consolidar una imagen de una Venezuela que está, lamentablemente, atentando contra principios democráticos básicos y elementales, no solamente en lo electoral, en la persecución política, sino en el ejercicio de derechos como el de libre asociación, que ya venían siendo coartados desde hacía tiempo con el de soberanía política. Esto lo que hace es un contexto más amplio, que ya parece ser una política.

Invaluables consecuencias

Si bien Marcos Carrillo dice no tener precisión de los efectos que esta ley pueda tener en el rol del país como actor del comercio internacional, asegura que habrá impactos en la economía interna, tomando en cuenta que las ONG no solo trabajan en la defensa de derechos políticos y civiles, sino que realizan obras de acción social en los sectores de educación, alimentación, salud, entre otras, dada la pérdida de capacidad del Estado ante la crisis económica que atraviesa el país desde hace más de una década.

Al respecto, Sinergia, red de organizaciones de la sociedad civil, un organismo que agrupa a una gran mayoría de las ONG que hacen vida en el país, ha reiterado la importancia de la labor que realizan, advirtiendo que el impacto de que estas organizaciones dejen de operar será muy grande y perjudicará a millones de venezolanos.

Aun cuando esta organización no maneja cifras en cuento a los fondos que reciben las mas de 600 ONG que hay en el país, analistas económicos han señalado que se trata de recursos que mueven una pequeña economía de cooperación con alguna incidencia, máxime en las condiciones actuales de Venezuela, cuyo PIB se redujo a una cuarta parte de lo que fue en 2013.

A modo de ilustrar la situación, en su informe de agosto pasado, la Oficina de Cooperación para Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), señaló que entre enero y agostos de 2024 esa dependencia de Naciones Unidas ofreció ayuda en alimentación salud y protección a más de 1,8 millones de venezolanos (59 % mujeres), para lo cual había recibido hasta ese momento 126 millones de dólares, apenas 17 % de los 617 millones de dólares que se estimaban serían necesarios este año para atender la emergencia humanitaria venezolana.

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Perverso empaque

-¿Hay algo que pueda considerarse un avance en esta ley?

Marcos Carrillo Perera: Sin lugar a dudas, es más sofisticada que leyes anteriores. A primera vista, llama a la transparencia, a la rendición de cuentas, que utiliza conceptos aceptados en el área, pero todo ello como mampara, y es ahí donde está el problema. Es una ley en apariencia muy buena, pero con muchas perversidades.

Se limita el derecho a asociación de manera muy discrecional y velada. Se prohíbe la promoción del fascismo, el odio, la discriminación o que se violen normas constitucionales. Eso no se puede permitir, el asunto es que, en el contexto actual, estos conceptos han sido utilizados de manera genérica e interesada para atacar a grupos, desprestigiarlos, perseguirlos. Conceptos que, a primera vista, pueden ser potables, al final son utilizados con otras intenciones.

Un segundo problema es que establece procedimientos muy engorrosos para el registro de las ONG, se están pidiendo 14 requisitos, algunos que no son para nada ordinarios. Por ejemplo, establecer el alcance territorial de la organización, establecer un régimen disciplinario, si el financiamiento es total o parcial, hecho por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Además, establece normas que pueden llevar a escoger personas no idóneas para dirigir la organización.

-¿Qué ocurre con el principio del doble registro?

Ese es otro de los problemas, que establece varios registros, hasta cuatro:

El registro subalterno, donde generalmente se inscriben las organizaciones civiles.
El registro nacional de ONG y organizaciones sin fines de lucro.
Si se es una ONG internacional, se debe inscribir en el registro de ONG internacionales.
Un cuarto registro antes órganos antiterrorismo.

Esto violenta el principio fundamental de buenas prácticas internacionales en esa materia, que es evitar a toda costa el doble registro.

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Leyes similares

De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 50 países en el mundo cuentan con alguna ley que limita la actuación de las ONG. Por suerte, son pocos los países de América Latina donde existen estar normativa, siendo Cuba el decano y modelo seguido por otros, entre ellos:

Nicaragua: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

Promulgada en octubre de 2020, la norma implementa medidas que obstaculizan las labores de las ONG, impiden recibir financiamiento externo y sometiéndolas a sanciones arbitrarias que, en la mayoría de los casos, ha desembocado en la cancelación de la personalidad jurídica. Bajo este paraguas, desde 2018 el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado y expropiado los bienes de al menos 6.000 ONG, la gran mayoría religiosas.

Guatemala: Decreto 4-2020

En 2020, el Congreso guatemalteco reformó la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de 2003, imponiendo nuevos controles ejecutivos a las actividades financieras y istrativas de las organizaciones de la sociedad civil, concediéndose la potestad de cancelar el registro e ilegalizarlas. Como consecuencia, cerca del 90 % de las ONG que existían en el país a la entrada en vigencia de la ley no pudieron actualizar su registro. El problema sigue vigente.

Perú: Ley N.º 27692

La reforma a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) de julio de 2024, faculta a APCI a controlar, supervisar y fiscalizar los recursos que reciben las ONG del exterior, además de registrar organizaciones que hacen activismo político. Los analistas creen que esto afectará incluso el trabajo de los medios de comunicación y organizaciones que hagan contraloría social al gobierno. Esta ley permanece congelada en el Congreso.

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Los desafíos de la reforma previsional de Petro 3r6y3b

Tue, 27 Aug 2024 19:46:16 +0000

Los desafíos de la reforma previsional de Petro

El nuevo sistema, bajo un esquema con cuatro pilares, sortea una serie de obstáculos que hacen dudar si entrará en vigencia el 1 de julio de 2025 como está previsto.

Ingrid Rojas Tue, 27/08/2024 - 15:46

Después de tres décadas, Colombia reformó su sistema de pensiones. A mediados de junio de este año se promulgó la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte y cuyo proyecto fue presentado al Congreso un año antes. Según datos oficiales, hoy solo 2,3 millones de adultos -de un total de 7 millones en edad de retiro- reciben una pensión en Colombia, un problema que el gobierno espera resolver incorporando, al menos, a 2 millones de nuevos pensionados.

El esquema aprobado por el Congreso y promulgado un mes más tarde por el Ejecutivo, del que es titular Gustavo Petro, contempla pasar de un sistema dual o paralelo —con un Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), istrado por Colpensiones, una agencia del gobierno, del que son parte 6,8 millones de afiliados, y un Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por las as de fondos de pensiones (AFP), al que están afiliados 19,1 millones de trabajadores— a uno mixto y solidario.

El sistema pensional que será sustituido estaba vigente desde 1993, cuando se aprobó la Ley 100.

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Los cuatro "pilares" previstos en la reforma, en otras palabras, las modalidades de pensión, son:

Pilar solidario: Garantiza una renta vitalicia por el equivalente de 56 dólares (225.000 pesos al 27 de agosto) mensuales a hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años en situación de pobreza extrema vulnerabilidad (con discapacidad, grupos étnicos, campesinos y cuidadores).
Pilar semicontributivo: Dirigido a quienes han cotizado, pero no cumplen los requisitos para obtener una pensión vitalicia a hombres al cumplir 65 años y a las mujeres a partir de 62 años. Este grupo recibirá una renta de hasta 80 % del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a través del mecanismo de los Beneficios Económicos de Colpensiones (BEPS), en función del número de semanas o el capital ahorrado a través de una AFP. Hasta ahora se exigía cotizar 1.300 semanas.
Pilar contributivo: Dirigido a personas con capacidad de pago, quienes están obligadas (antes podían elegir dónde aportar, si en el sistema público o en el privado) a cotizar hasta 2,3 SMLMV (USD 628) a Colpensiones, que funciona como del sistema unificado y que cuenta con el respaldo del Banco de la República. Aquellos con ingresos superiores a ese monto, podrán aportar a una cuenta de ahorro individual en un fondo privado que servirá de complemento para aumentar su pensión de vejez (62 años para los hombres y 57 años para las mujeres). El monto de la pensión será el resultado de las semanas cotizadas y los aportes realizados en los dos componentes vigentes hasta que se aprobó la reforma, el Componente de Prima Media y el Componente de Ahorro Individual Complementario.
Pilar de ahorro voluntario: Permite a aquellos con capacidad de pago (ingresos por encima de 2,3 SMLMV) hacer aportes adicionales al obligatorio para lograr una mayor pensión al momento del retiro.

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"La Ley 2381 de 2024 pretende ampliar la cobertura y el a los beneficios pensionales, especialmente para los sectores más vulnerables y excluidos del sistema, así como mejorar la equidad y la sostenibilidad del mismo, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de solidaridad, el reconocimiento de las diferencias estructurales y la racionalización de los subsidios", sintetiza Daniel Albornoz Cárdenas, asociado del área laboral de Cuatrecasas - Colombia.

Este nuevo sistema incluye el concepto de la brecha de género y para atenderla ha propuesto reducir las semanas cotizadas de 1.300 a 1.000, en el caso de las mujeres, y el reconocimiento de 50 semanas por hijo nacido con un tope de tres, hasta llegar a 850 semanas.

Si bien la Ley 2381 entrará en pleno vigor el 1 de julio de 2025, a la espera de la emisión de su reglamento, desde la promulgación están vigentes los artículos 12, su parágrafo transitorio y el 76. Este último contempla que las mujeres de 47 años, con 750 semanas cotizadas, y los hombres de 52 años, con 900 semanas cotizadas, se regirán por la Ley 100 sin tener la obligación de aportar al fondo público, pero con la posibilidad de trasladar su fondo privado a Colpensiones.

Este modelo sigue al que funciona en Chile, México y Perú. El componente solidario, sin embargo, se encuentra en los marcos de Brasil, Argentina, Perú, México, Chile, Uruguay y Costa Rica.

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¿Es sostenible este sistema?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, parte de las ventajas del nuevo sistema es que resuelve la competencia entre dos regímenes pensionales, en donde, según expertos, radicaba el desequilibrio del sistema. Desde el actuar público, por ejemplo, se concedían pensiones diferentes a personas con las mismas condiciones de cotización y edad y, desde el sector privado, los fondos, que reciben en gran medida los recursos de las cotizaciones, no están pensionando, dejando en el régimen público el pago de las pensiones, pese a que este no cuenta con los ingresos suficientes por aportes.

“Esta última situación ha llevado a un desequilibrio financiero que ha obligado a la Nación a hacer un gasto adicional”, señalaba la autoridad, mientras aún se discutía la reforma, seguro de resolver también los grandes subsidios a las altas pensiones en el sistema público al limitarlos para todos los que cotizan por encima de 2,3 SMLMV.

Si bien hay regresividad del sistema, esto es debido a que el monto de la pensión se determinaba en función del promedio de ingreso de los últimos años de trabajo, que —de acuerdo con académicos de la Universidad del Rosario— suelen ser los años en los que la gente mejor calificada recibe mejores ingresos.

En un análisis sobre la reforma, Yudy Gamboa, profesora asociada del Programa de Economía de la Universidad del Rosario, advierte, en referencia al fondo público, que a medida que disminuya la relación entre el número de aportantes y pensionados, la situación financiera del sistema se deteriorará y no será posible mantener los beneficios otorgados, a menos que se aumenten los impuestos y obligaciones de las generaciones futuras.

Con ella coincide María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), quien añade que obligar a las personas con ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos legales vigentes (un SMLV consta de 320 dólares aproximadamente) a cotizar en Colpensiones y aquellos que tengan mayores ingresos a hacerlo en un fondo privado generará una presión financiera significativa sobre el sistema.

"Esto no solo a largo plazo, sino también a mediano plazo, pues su viabilidad dependerá del incremento en el número de personas que contribuyan a la seguridad social, en un país con una tasa de informalidad del 55,6 %".

Además Lacouture ve otros elementos que juegan en contra de lo números del sostenimiento: el envejecimiento poblacional, la caída de la tasa de natalidad en los últimos tres años -desde 7 % en 2022 respecto a 2021, por primera vez en la historia reciente del país, y hasta de 14,6 % en el primer cuatrimestre de 2024- según datos del Banco de la República, y la migración regular e irregular.

Consultado al respecto, Rafael Abuchaibe, director del departamento de derecho laboral, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y asuntos migratorios de Lloreda Camacho, señala que es justamente la sostenibilidad financiera el asunto preocupante de la Ley 2381, pues actualmente las pensiones que están siendo reconocidas se hacen con las cotizaciones que se están recibiendo en este momento, pero la reforma plantea que todos los ciudadanos colombianos, sin importar su condición económica, laboral o condición étnica, puedan tener a una pensión o una renta básica solidaria.

Aunque Abuchaibe indica que, pese a que la ley establece principios de rentabilidad y sostenibilidad financiera, considera crucial que se realicen estudios actuariales continuos para ajustar las políticas, considerando las realidades económicas y demográficas cambiantes y para evitar problemas de sostenibilidad a largo plazo.

“La reforma, en vez de traer soluciones a este problema del sistema pensional, pareciera acrecentarlos sin indicar financieramente cómo será sostenible el mantenimiento de los subsidios, así como de los demás pilares que trae el sistema a largo plazo, tampoco pareciera que se tiene claridad sobre las medidas efectivas para equilibrar la cantidad de ingresos y egresos del sistema, teniendo en cuenta que todos los afiliados al sistema harán parte de Colpensiones”, expresa.

De acuerdo con datos del Banco de la República, en Colombia el gasto público en pensiones entre 2015 y 2022 fue de alrededor de 3,4 % del PIB. En países como Uruguay el dato se calcula en 9 %.

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La necesaria reforma laboral

La alta informalidad existente en el país lleva a los actores del sector productivo colombiano, a abogados del área y a académicos a pensar en la necesidad de impulsar el proyecto de reforma laboral en pausa en el Congreso colombiano, para dar viabilidad en el tiempo al nuevo sistema de pensiones.

Para Abuchaibe, resulta necesaria una modificación adicional a ese proyecto para hacer sostenible el sistema pensional, aunque esta dependerá de varios factores adicionales y posibles ajustes normativos.

“Para mantener la sostenibilidad financiera a largo plazo es necesario implementar cambios complementarios, especialmente en el ámbito laboral. Sin embargo, la actual propuesta de reforma laboral no contempla un aumento en la formalización del empleo; en este caso una inclusión de trabajadores en el sistema contributivo podría generar mayores ingresos para financiar las pensiones y reducir el impacto fiscal del sistema, aspecto que requiere mucho más que una reforma laboral como la que actualmente se debate en el Congreso”.

De allí que considera que, principalmente, se deberían revisar y actualizar las leyes laborales para promover la formalización del empleo.

"Resaltamos la necesidad de la implementación de incentivos para que las empresas formalicen a sus trabajadores y medidas para fortalecer el cumplimiento de las normas laborales, en vez de mayores imposiciones para las MiPymes, así como startups y pequeños emprendimientos".

Otro aspecto importante en este contexto sería un ajuste en la política fiscal para mejorar la recaudación de impuestos y asegurar que haya suficiente financiamiento para el sistema pensional, aunque con el actual panorama no cree que otra reforma tributaria sea la opción más viable.

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Impacto en el mercado de valores

Recientemente Fitch advirtió que la reforma pensional colombiana “conlleva cambios críticos en la dinámica de inversión del mercado de capitales”.

Aunque descarta que el efecto sea inmediato, no duda que a mediano plazo resulten afectadas las estrategias de inversión y los portafolios que gestionan los fondos privados de pensiones, que actúan como inversionistas institucionales emitiendo bonos corporativos y acciones y proporcionando capital esencial para la profundización del mercado y el financiamiento empresarial; sin contar que son tenedores de 31 % de la deuda pública de Colombia y de que se pone en riesgo la liquidez y la confianza del mercado.

Hoy, los fondos privados de pensiones istran recursos por un monto de 405 billones de pesos. Colpensiones istra 6,72 billones de pesos.

No dejes de leer: ¿Qué implica el funcionamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar frente al mercado de capitales y al sistema previsional mexicano?

Jessica Archila, asociada del área de derecho laboral de Lloreda Camacho, comenta que, adicionalmente a la inquietud de cómo la reforma impactará las inversiones actuales de los fondos privados en el mercado de valores, destacan las siguientes:

El desconocimiento de la gestión de los ahorros de los afiliados, así como su transición al nuevo sistema, por lo que cree necesario brindar información clara sobre cómo se garantizará la protección de los recursos durante el proceso de ajuste que implica la reforma pensional.
El proceso de transferencia de sus recursos desde el sistema privado al sistema público para aquellos que se vean afectados por la reforma, específicamente la transición gradual y los plazos específicos para el traslado de recursos generan dudas entre los aportantes.

Señala que, a pesar de los desafíos que trae la reforma, será posible contar con oportunidades de inversión dentro del componente complementario del pilar contributivo del nuevo sistema, así como del pilar de ahorro voluntario, cuya reglamentación está pendiente, ofreciendo una posibilidad de diversificación y crecimiento para los fondos privados.

Lee también: Cambio de ONP a AFP: complejidades de la reforma al sistema de pensiones en Perú

Demandas en marcha

La Corte Constitucional de Colombia itió la primera de varias demandas introducidas contra la Ley 2381 de 2024 por partidos de oposición e independientes y por particulares.

Una de las fallas fue que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma pensional sin un análisis detallado, adoptando el texto que venía del Senado sin dejar espacio para el debate y la deliberación que exige la Constitución Política en el artículo 167.

Abuchaibe cree que la Corte Constitucional podría declarar la reforma inconstitucional si se encuentra que hubo una elusión del debate legislativo necesario, basándose en precedentes como la sentencia C-222 de 1997, que exige que el debate legislativo incluya una deliberación adecuada y la exposición de ideas diversas.

A la falta de debate se sumarían vicios como, por ejemplo, problemas en la convocatoria de sesiones y la votación en bloque de artículos en el Senado, lo que podría haber vulnerado las normas de procedimiento y que podría considerarse una violación de los principios de transparencia y participación.

Pero más allá de los problemas de forma resaltan los de fondo, como el establecimiento de un régimen pensional para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos, aunque el artículo 48 de la Constitución prohíbe expresamente el establecimiento de regímenes especiales o de excepción. Además, destaca lo atinente a la exención del impuesto sobre la renta de las pensiones reconocidas a colombianos residentes en el exterior hasta 1.000 unidades de valor tributario. En el texto se eliminó la palabra mensual y se dejó a libre interpretación que el beneficio aplique de forma anual.

Además, s y potenciales contribuyentes, apoyados por algunos partidos políticos y sectores han planteado que el pilar semicontributivo podría tener desventajas para ciertos grupos de trabajadores, por lo que también fue presentada una demanda en la que la Corte debe determinar si el nuevo sistema afecta desproporcionadamente a algún grupo y si se están vulnerando derechos laborales o constitucionales.

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En el tapete está el pronunciamiento hecho por la Procuraduría General de la Nación, que planteó extender la entrada en vigencia de la reforma y de implementarla gradualmente hasta 2026 al poner en duda la capacidad técnica, operativa y istrativa de Colpensiones para manejar el nuevo sistema. Además, llamó la atención sobre la necesidad de tener en cuenta los estudios sobre el costo fiscal de la reforma en el Presupuesto General de la Nación para evitar poner en jaque la estabilidad económica del país, lo que contrasta con el aval dado por el Ministerio de Finanzas.

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¿Qué han hecho Brasil 231w2j Guatemala y Perú para reducir el consumo de plásticos de un solo uso?

Fri, 16 Aug 2024 21:00:00 +0000

¿Qué han hecho Brasil, Guatemala y Perú para reducir el consumo de plásticos de un solo uso?

La mayoría de las leyes promulgadas en la región han encontrado obstáculos para su cabal cumplimiento.

Jesús Hurtado Fri, 16/08/2024 - 17:00

Sin duda alguna, la contaminación es uno de los grandes problemas de la humanidad y en medio de la multiplicidad de aristas desde las que puede ser abordado este hecho, el plástico resuena como una de las fuentes de degradación ambiental de mayor alcance, dado el persistente incremento en su producción, los efectos que tiene sobre la salud y en el cambio climático y la inexistencia de un sustituto idóneo.

Pese a sus efectos negativos, eliminar el plástico tiene implicaciones que van mucho más allá de la cuestión medioambiental, tomando en cuenta que se trata de una de las más sólidas y rentables industrias globales de la que dependen cientos de otras industrias y, por ende, millones de empleos en todo el mundo.

No obstante, mientras se alcanza un punto de equilibrio entre la protección ambiental y la rentabilidad de la industria, surgen alternativas que buscan minimizar el impacto del plástico en la degradación ecológica, entre ellas reducir el consumo de artículos de un solo uso. En torno a ello, varios países han dado un paso adelante en la regulación de la producción de ciertos tipos de bienes con el objeto de reducir su poder contaminante.

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Fundadas razones

La lucha contra el plástico no es tarea sencilla y va mucho más allá de la simple prohibición de fabricar miles de millones de objetos a partir de un derivado del petróleo. Se trata de una de las industrias más grandes del mundo, de la que dependen cientos de otras aguas abajo que elaboran insumos necesarios para los sectores más importantes de la vida actual, como la siembra y producción de alimentos, hasta la biomedicina y las indispensables comunicaciones.

Solo para tener una idea de sus alcances debemos tener en cuenta que, en 2021, la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) estimó que el comercio global de plásticos genera más de un trillón de dólares al año, cifra 40 % superior a lo que estimaba hasta hace poco, equivalente al 5 % del comercio mundial de mercancías.

Sin embargo, tanta fortaleza tiene su lado oscuro. Según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), desde la década de los años 50 se han producido más de 8.300 millones de toneladas métricas de plásticos, la mitad en los últimos 15 años, estimándose que cada 12 meses manufacturan entre 430 y 500 millones de toneladas de productos plásticos, más de 50 % utilizables una sola vez.

De allí la insistencia de ambientalistas y expertos en buscar la forma de regular la manufactura de este tipo de plásticos, muchos de los cuales pueden ser sustituidos por productos biodegradables, amigables con el ambiente o, incluso, de uso permanente. En este orden se mueven muchos países a escala global, que han legislado en función de reducir su consumo, una veintena de ellos latinoamericanos que, bien a través de leyes nacionales o de normas locales, buscan alternativas para insertarse en la búsqueda de una solución al problema.

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La realidad latinoamericana

Aunque la lucha contra el plástico tiene muchas variantes, frenar el consumo de productos de un solo uso es el eje alrededor del cual giran la mayoría de las legislaciones que se han producido a escala global. Según las Naciones Unidas, para principios de esta década, cerca del 70 % de los países del mundo había legislado para prohibir el uso de bolsas plásticas, uno de los productos de un solo uso más contaminantes que existen.

La realidad de América Latina hace que la lucha contra el plástico sea una necesidad apremiante. Según la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA, por sus siglas en inglés), la región produce unos 20 millones de toneladas métricas anuales de plástico, casi 5 % del total mundial, aunque el consumo se eleva a 26 millones de toneladas cada año.

GAIA acota que el consumo en la región creció de 7 kilos per cápita al año en la década de los 80, a más de 30 kg/pc/año en la actualidad, siendo México y Chile los países de mayor consumo per cápita (50 kg), seguidos por Argentina y Brasil (40 kg/habitante/año).

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) señala que 21 países en Latinoamérica y el Caribe cuentan con algún programa o norma para frenar el consumo de plástico de un solo uso y, en este sentido, lo que ha sucedido en Brasil, Perú y Guatemala puede ser una buena referencia sobre hacia dónde se mueven los esfuerzos regionales.

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Brasil, la pionera

Si bien el país más poblado de América Latina fue el primero en presentar en 2002 un proyecto de ley para regular el consumo de plástico, la norma nunca ha sido aprobada. Un nuevo proyecto (Ley N° 2524, de 2022) prevé no solo reducir la generación de determinados plásticos de un solo uso, sino también su eliminación, fabricación, importación, distribución, uso y comercialización para en el mediano plazo.

Como era de esperarse, el proyecto ha sido fuertemente cuestionado por el sector privado, que busca su modificación a fin de establecer, entre otras disposiciones, reglas relativas a la economía circular centradas en compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar.

“Las interrogantes que rodean este proyecto se basan en la falta de análisis de los impactos, incluidos los socioambientales, resultantes de tales restricciones y de los productos y materiales existentes que podrían usarse como alternativas… No se habrían analizado previamente las consecuencias y efectos de entrar en vigor dicha ley”, señala Fernanda Stefanelo, socia de las áreas ambiental y ESG de la firma Demarest Advogados.

Pese a la ausencia de una ley global, el país, que figura como el sexto mayor productor mundial de desechos plásticos, cuenta desde 2010 con una Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley 12.305) que establece responsabilidad ambiental compartida entre los actores involucrados, considerando desde la generación hasta el destino final de los residuos sólidos. El objetivo es reducir el volumen de desechos, minimizar su impacto en la salud humana y en la calidad ambiental durante el ciclo de vida de un producto.

Además de que todas las normas específicas que se desarrollen en el país deben regirse por esta política, los estados y municipios pueden crear disposiciones particulares, estableciendo normas para otorgar incentivos fiscales, financieros o crediticios.

Stefanelo recuerda que los plásticos de un solo uso están permitidos por la legislación, acotando que los cambios legislativos para reducirlos y restringirlos deben evaluarse muy bien, considerando qué alternativas y productos existentes pueden usarse como reemplazos, así como los impactos socioambientales.

Agrega que cualquier medida que restrinja las actividades productivas debe estar bien estructurada e implicar períodos de adaptación al mercado, máxime tomando en cuenta que se trata de un sector que movió en 2023 cerca de 23.000 millones de dólares y da trabajo a más de 600.000 personas, de acuerdo con un estudio de la encuestadora Grand View Research.

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En Perú apenas se cumple

En diciembre de 2018, Perú se sumó a la lucha contra el plástico de un solo uso al promulgar la Ley N°30884, que establece 89 medidas para reducir el consumo de descartables, con énfasis en bolsas y empaques para alimentos a base de polímeros. Su implementación se aplicaría en varias etapas entre 2019 y 2021, lapsos que fueron desde siempre criticados por el sector productivo privado.

Entre los puntos que se han cumplido (alrededor de una tercera parte de las 89 normas, según la consultora ambiental Climetría), figuran el cobro del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, disposición que según el Ministerio del Ambiente permitió reducir en 30 % el consumo de este tipo de empaques, equivalente a 1.000 millones de unidades anuales.

No obstante, debido a que la supervisión de que esta porción de la normativa se aplique está a cargo de los gobiernos locales, es probable que no se cumpla a cabalidad en todas las regiones del país, tomando en cuenta que no todas las instancias de gobierno cuentan con capacidad de fiscalización.

Al margen del tema de las bolsas, aspectos más contundentes de la Ley, como la obligación de incluir 15 % de material reciclado en botellas de tereftalato de polietileno (PET), siguen siendo letra muerta, en buena medida debido a la falta de oferta formal de material reciclado, que ha sido uno de los obstáculos esgrimidos por una industria de la que dependen unos 200.000 empleos y que genera alrededor de 4 % del PIB industrial del país, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias, SNI.

En este sentido, desde Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados señalan que se trazó una “valla alta” con la Ley, debido a que las empresas de plástico todavía no están listas para cumplir con todas las disposiciones que se plantean, como es el caso del uso de material reciclado en botellas PET.

“No podemos considerar que la Ley sea completamente efectiva porque está quedando pendiente que se aprueben los lineamientos técnicos que plantea, lo que permitiría mayor claridad respecto a la progresividad y los mecanismos necesarios para la aplicación de la norma”, dice Johanna Romero, asociada de la práctica de derecho ambiental de la firma.

La especialista agrega que el gobierno tiene una gran responsabilidad respecto a la educación, capacitación y sensibilización para concientizar a la sociedad del impacto que tienen los plásticos de un solo uso.

“También es responsabilidad del gobierno implementar los reglamentos técnicos que están pendientes para que los fabricantes e importadores puedan cumplir con sus obligaciones y, de esa manera, contribuir a la reducción progresiva del plástico de un solo uso”, puntualiza.

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Guatemala: debut y despedida

El caso de Guatemala es muy particular. Si bien el país adoptó en 2019 una normativa acorde con los estándares internacionales de lucha contra los plásticos de un solo uso, la intención sucumbió ante los embates de la política y la falta de estudios de factibilidad de una norma calcada de las vigentes en países desarrollados, sin la debida adaptación a la realidad del país.

En efecto, en septiembre de 2019, ecologistas guatemaltecos y centroamericanos por extensión, celebraban el ejecútese dado al Acuerdo Gubernativo 189-2019, norma que regula el uso y distribución de materiales de plástico, duroport y similares. El acuerdo otorgó un plazo de dos años para que entrara en vigencia la prohibición de bolsas plásticas de un solo uso, pajillas, platos, vasos, mezcladores o agitadores, contenedores o recipientes para almacenamiento y traslado de alimentos, entre otros bienes.

Los sectores económicos del rubro no tardaron en alzar su voz, señalando que el acuerdo ponía en riesgo 25.000 empleos directos y otros 75.000 indirectos, además de la exportación de artículos por más de 49 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport).

Las voces de académicos, economistas, juristas y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo asegurando que no representaba “un interés genuino del gobierno por resolver los problemas ambientales”, además de incluir fallas y contradicciones que conllevaba a su “nulo impacto”, como señalaron sendos informes del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como del Movimiento Semilla.

El fuerte rechazo al acuerdo llevó a que pocos meses después y tras asumir la presidencia, el gobierno de Alejandro Giammattei derogara el decreto por “varias inconstitucionalidades y no ser de aplicabilidad práctica… No estamos en contra de proteger nuestro país, de lo que estamos en contra es de la improvisación”, detalló Mario Rojas, entonces titular del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Finalmente, en agosto de 2021 y a escasos días para que entrara en vigencia la prohibición de plásticos de un solo uso, el MARN publicó el Acuerdo Gubernativo 164-2021, que derogó la norma anterior, sustituyéndola por el nuevo “Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes”.

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En busca de soluciones

Desde leyes globales a normas locales, pasando por programas y planes nacionales, son muchas las variantes que vienen utilizando los países de América Latina y el Caribe para buscar una alternativa al excesivo consumo de plástico de un solo uso.

Argentina: Si bien la nación no cuenta aún con una ley de plásticos de un solo uso (un nuevo proyecto fue introducido en octubre de 2021), en junio de 2023 se oficializó el Programa Estratégico de Reducción Progresiva y Prohibición Específica de los Plásticos en Jurisdicción de Parques Nacionales. Las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y Ushuaia prohibieron ofrecer sorbetes plásticos en establecimientos comerciales.
Chile: En octubre de 2017 el país prohibió la entrega de bolsas plásticas en los comercios de al menos 102 comunas costeras. En 2018 se aprobó una ley para eliminar el uso de pitillos. En 2021 se promulgó la Ley 21368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso. La norma fue modificada en agosto de 2024 por la Ley 21691.
Colombia Con la Ley N°2232 de julio de 2022, el gobierno de Bogotá estableció las medidas orientadas a la reducción de la producción y el consumo de plásticos de un solo uso. Una nueva Reglamentación de julio de 2024 amplía la norma.
Costa Rica: A finales de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9786 para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente.
Ecuador: Aunque desde el 2018 las Islas Galápagos prohibieron el uso de plásticos de un solo uso, fue en diciembre de 2020 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso.
México: La nación no cuenta con una Ley general sobre la materia, pero estados como Veracruz y Baja California del Sur prohíben su uso. Desde 2021, Ciudad de México también prohibió el plástico de un solo uso. Lea aquí
Panamá: En diciembre de 2020, Panamá promulgó la Ley 187, que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso y, en mayo de 2022, publicó el Reglamento de Ley.

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